El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, admitió ayer que las cláusulas de la concesión del Castor obligan al Gobierno a aceptar la renuncia de Escal UGS e indemnizarla y que la última sentencia del Tribunal Supremo ni siquiera le deja opción a alegar «lesividad» contra el interés general. «El ejecutivo declaró la lesividad del Real Decreto y el Supremo lo rechazó, por lo que no hay otra opción que aceptar ese pronunciamiento».
De este modo, el ministro confirmó ayer la existencia de las cláusulas que adelantó el viernes Levante de Castelló y admitió que deberá pagar a menos que el Banco Europeo de Inversiones y los bonistas frenen la petición de renuncia de Escal, que quiere escapar del proyecto tras 9 meses de paralización del almacén de gas submarino por la inducción de 540 terremotos en Vinaròs, con magnitudes de hasta 4,2 grados en la escala de Ricthter.
A este respecto, las cláusulas del proyecto Castor también son favorables a la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya que el BEI y los inversores sólo podrán rechazar la petición de renuncia si logran un 75 % de las votaciones con un mínimo quorum del 50 % de los inversores.
Además, la incertidumbre de cobro ante el cierre provisional indefinido del almacén „unida a la caída de los activos a la calificación de «bonos basura»„ podría incentivar a los bonistas a dar por buena la maniobra de Escal para recuperar cuanto menos lo invertido.
No obstante, mientras las cláusulas del contrato y la empresa indican que deberá pagar el valor neto (1.700 millones de euros), el ministro insistió en que pagará únicamente «el valor residual» (el cual podría ser ligeramente inferior, pero no está definido). «Hay una financiación del Banco Europeo de Inversión con otros inversores por importe de 1.400 millones y si fuese aceptada la renuncia que ha pedido ACS hay que actuar de acuerdo con lo que se establece en el Real decreto de 2008 y que prevé que en el caso de renuncia tiene que haber una indemnización por el valor residual de la inversión».
Al menos sobre papel, las cláusulas del contrato indican que la indemnización sólo se rebajaría al valor residual en caso de dolo o negligencia de la empresa (algo que hasta la fecha nadie ha demostrado) o de incumplimiento de su obligación de mantener en perfectas condiciones operativas el almacén. En este sentido la concesionaria esgrime que todo está perfectamente preparado para inyectar gas sin riesgo y que el único freno es la paralización ordenada por el Ministerio de Industria, que se niega a entregar la autorización definitiva de la planta ante el riesgo de terremotos. Según las cláusulas del contrato, en caso de que la concesionaria solicite la renuncia al proyecto, Escal UGS deberá ser «compensada al menos con el valor neto de la instalación, que revertirá en la autoridad adjudicataria, siempre y cuando el almacén continúe operativo».
De este modo, la definición de «operativo» y la acusación de un supuesto dolo o negligencia son las dos únicas armas que le quedarían al Gobierno para al menos intentar reducir el montante final de la indemnización, que ahora mismo tampoco podría asumir de forma repentina con cargo al sistema gasista (ya que planificó pagar el almacén a plazos hasta 2038 con unos intereses que elevan el coste a 4.900 millones de euros y que se suman a otros 297 por el desmantelamiento). Soria intentó descargar la responsabilidad en el contrato firmado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero e hizo hincapié en que el ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido durante los últimos dos años la remuneración acordada y exigió una apertura provisional antes de la autorización definitiva, lo cual le permitió cerrar la planta por riesgo de seísmos y frenar la entrada de Castor dentro de la remuneración del sistema gasista español; es decir, una vez más a cargo de la tasa del gas que pagan los ciudadanos.
Benicarló pide a Escal 200.000 € para promoción turística
El pleno de Benicarló aprobó la noche del jueves reclamar a la empresa concesionaria de la planta Castor (Escal UGS) que se haga responsable de los gastos de 200.000 euros que originó la promoción turística de los pueblos afectados por los movimientos sísmicos. La moción fue planteada por Compromís y contó con el consenso de todos los grupos municipales.
La moción partía del anuncio del conseller de Industria, Comercio, Turismo y Ocupación, Máximo Buch, que dijo que la Generalitat invertirá 200.000 euros en acciones enfocadas a promocionar todos aquellos municipios que se vieron afectados por los terremotos de los pasados meses. «Con estas declaraciones se está reconociendo el impacto negativo que la planta Castor y los movimientos sísmicos han provocado sobre el turismo, principalmente en las poblaciones costeras», señaló la secretaria local de Compromís, Marta Escudero.
Este presupuesto de 200.000 euros iría dirigido a contrarrestar las repercusiones negativas de la planta Castor sobre el sector turístico en la temporada estival en Benicarló, Peñíscola y Vinaròs.
«Evidentemente el trabajo de la Conselleria de Turismo es potenciar y dinamizar al máximo un sector vital cómo es el turismo, invirtiendo el presupuesto necesario para llevar a cabo estas acciones. Pero en este caso concreto no podemos admitir que sea la Generalitat Valenciana, con el dinero de los impuestos de la toda la ciudadanía, la que haga frente a un perjuicio que ha generado una empresa privada, la responsable de la planta Castor», apuntó Escudero. «Ese dinero tiene que llegar a las nuestras poblaciones porque tenemos que hacer frente a la publicidad negativa que nos ha ocasionado la planta, pero es la empresa Escal-UGS, responsable del Castor, quién tiene que pagar, puesto que ha quedado demostrado que es la causante de los terremotos, del riesgo derivado de ellos y de la alarma social generada. De ninguna manera tenemos que pagar los ciudadanos el daño que ha ocasionado una empresa privada, que además tiene recursos monetarios suficientes para hacer frente a estos pagos», concluyó.
