El exministro socialista de Industria Miguel Sebastián no se siente «culpable» de la indemnización de 1.350 millones autorizada por el Gobierno para la empresa concesionaria del almacén subterráneo de gas Castor, y cree que el Ejecutivo tenía opciones «para pagar menos» a Escal UGS, participada en un 66,7 % por ACS.
En una entrevista concedida a Efe, Sebastián, que firmó el decreto de 2008 que otorgaba a Escal UGS la concesión de ese almacén situado a 21 kilómetros de la costa de Vinaròs, asegura que apenas un mes después de asumir esa cartera ministerial se encontró con un decreto «con la tramitación ya hecha» por parte del anterior equipo del exalcalde de Barcelona Joan Clos.
Frente a la polémica desencadenada por el pago de esos 1.350 millones de euros, que Escal UGS ya ha cobrado, Sebastián, que fue ministro entre 2008 y 2011, sostiene que el Gobierno actual «podría haber resuelto de otra forma» el problema, «porque el almacén no está operativo», en contra de lo previsto en aquel decreto. Al no haber entrado en funcionamiento, el Gobierno «podía haber tenido un margen de negociación o de maniobra (frente a la concesionaria) que ha decidido no utilizar», según su opinión. la pregunta de si se siente de alguna forma culpable por el fracaso de este proyecto, Sebastián se pregunta: «¿Culpable de qué?», y añade: «Lo que me sorprende es que los que estaban antes no hayan salido a defender (el almacén), porque fueron los que más trabajaron este tema», en referencia a sus antecesores en la cartera de Industria.
Sebastián asegura que la indemnización que ha percibido Escal UGS, y que pagarán los consumidores a través del recibo del gas durante los próximos 30 años, «no es dinero público sino de los consumidores de gas, que son en un 80 % la industria». El exministro insiste asimismo en que si ese almacén no hubiera generado seísmos, la infraestructura habría sido útil, ya que pretendía «cubrir riesgos de suministro y a la vez enfriar el precio del gas en caso de puntas de demanda». El problema principal del almacén Castor fue que hubo «un error en la decisión de dónde ubicarlo», en la que -subraya- él no participó, y que competía «al ministerio de Medio Ambiente y a la propia empresa». En cualquier caso, admite que el proyecto Castor «no ha salido como se esperaba», pero subraya , en consonancia con el argumento esgrimido por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, que «vamos a pagar la mitad para tenerlo hibernado de lo que costaría estando operativo». Añade además que es muy fácil ser listo a toro pasado», recordando que «nadie puso objeciones al decreto» cuando se aprobó.
En cuanto a la cláusula de aquel decreto que ha permitido a la concesionaria percibir una indemnización, era «habitual» en almacenes de gas construidos «en otros países», señala Sebastián , que no da por completamente muerta la instalación: «Quién sabe si en un futuro el Castor volverá, yo no lo descartaría».
