El Ayuntamiento de Castelló incumple la Ley de Morosidad aprobada en 2010 que fija el plazo máximo de 30 días para los pagos de las facturas a sus proveedores. Actualmente, el consistorio de la capital de la Plana tiene un periodo medio de pago de 53 días, esto es 23 días más de lo legalmente establecido, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se trata de la primera vez que se dan a conocer estos datos, después de que el Gobierno aprobara el pasado mes de julio el Real Decreto que desarrolla la nueva metodología de cálculo del período medio de pago, que obliga a todas las administraciones a calcular y publicar lo que tardan en pagar sus facturas, para comprobar si cumplen con lo previsto en la normativa de morosidad. En el caso de Castelló, los datos son negativos pero, aún así, se sitúa por debajo de la media nacional, establecida en 54 días para las principales corporaciones locales.
En comparación con las otras capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, Alicante se sitúa en primer lugar con un periodo medio de pago de 13 días, seguido de Castelló y, en el último lugar, el Ayuntamiento de Valencia con una media de 59 días.
Por su parte, la Diputación de Castelló también incumple la normativa aunque con un margen mucho más inferior. En el caso de la administración provincial, el periodo medio de pago a proveedores es de 33 días, solo tres por encima de lo que establece la ley. Pese a los buenos resultados, la Diputación de Alicante encabeza la clasificación autonómica con 31 días y en tercer lugar queda la Diputación de Valencia con 94 días.
Tal como explicaron desde el ministerio, «las administraciones públicas tienen que calcular y publicar, en aplicación del principio de transparencia, su periodo medio de pago con la finalidad de que los ciudadanos y sus proveedores conozcan si cada entidad cumple o supera el plazo máximo de pago de sus facturas, previsto en la normativa sobre morosidad».
Asimismo, se recuerda que las entidades locales que no paguen a sus proveedores en el plazo máximo establecido, como es el caso de Castelló, «deberán informar de los recursos que van a dedicar mensualmente al pago de proveedores y adoptar las medidas necesarias de gasto, ingreso o gestión de cobros y pagos para reducir el periodo medio de pago». Además, el Ministerio de Hacienda advierte que en caso de continuar incumpliendo la ley, «el Estado se hará cargo de las facturas reteniéndose del sistema de financiación a la administración territorial afectada».
Esta información relativa al conjunto de las administraciones públicas y todas sus entidades dependientes será accesible los días 22 de cada mes (o el siguiente día hábil de ser aquel festivo) en el canal específicamente habilitado en la central de información económica y financiera, habilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El objetivo que se persigue con los requerimientos enviados por el ministerio es que toda entidad local calcule correctamente y publique su periodo medio de pago para poder cumplir con la sostenibilidad de su deuda comercial, y que los proveedores puedan conocer si el periodo medio de pago de esa administración supera el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
En el caso de entidades incluidas en el modelo de cesión, el incumplimiento de los plazos durante dos meses consecutivos conllevará que la administración que tenga atribuida su tutela financiera pueda establecer medidas para que lo reduzca.
