El Centre de Convencions de Castelló se ha convertido en uno de los ejemplos de inversiones virtuales de la época de vacas gordas, con el añadido de que las arcas autonómicas aportaron 2,7 millones de euros por una dotación sin construir. El escrito de Santiago Calatrava en que el que solicita la el archivo de su causa revela que el camino del Centre de Convencions conducía a ninguna parte en el mismo momento que se anunció.
El documento de la defensa del diseñador revela una indefinición de los responsables autonómicos y atribuye la amenaza del Consell de no pagarle parte de sus retribuciones a la falta de financiación, una realidad que luego se confirmó con la paralización del Centre de Convencions. Según recuerda el arquitecto, el proyecto nacía en diciembre de 2007 con un coste orientativo de 60 millones de euros y una superficie de 16.000 metros cuadrados, pero seguidamente, en mayo de 2008, el ayuntamiento planteaba tres edificios frente a uno y una extensión de 62.000 metros cuadrados, al tiempo que el expresidente del Consell, Francisco Camps, llamaba a Calatrava para pedirle su máxima implicación.
«Se constata que existió una manifiesta contradicción entre el proyecto que deseaba el ayuntamiento con los límites presupuestarios que imponía la sociedad pública de Proyectos Temáticos (Sptcv)», sostiene Calatrava, que afirma que trató de salvar esta ambigüedad «mediante una propuesta en fases que permitía acometer la totalidad de lo que deseaba el ayuntamiento en distintos ejercicios».
El arquitecto califica la gestión de la Generalitat de «caótica», desvela «una falta de sintonía» entre el Consell y el consistorio, que entonces dirigía Alberto Fabra, y asegura que esta «falta de indefinición» es la que le lleva a modificar la propuesta. Técnicos de la entidad autonómica enviaron varias cartas al arquitecto en la que cuestionaban la sobredimensión y en marzo de 2009 el consejo de administración de la Sptcv se negaba a pagar 1,3 millones de los 2,7 millones por estar en desacuerdo con los cambios. Sin embargo, a la hora de la verdad, sostiene Calatrava, el Consell no puso reparos al proyecto en los plazos convenido. A su juicio, las excusas de la Generalitat «eran de mal pagador para no abonar los honorarios, que se pagaron con retraso».
La tramitación del Centre de Convencions se prolongó de 2007 a 2013 y desde su nacimiento ya se veía que no iba a prosperar. Finalizó sin que el Consell obtuviera los terrenos, que se ligaron a un PAI que fue anulado por la justicia.
EU insiste con Camps
El portavoz de EU en las Corts, Ignacio Blanco, formación que actúa como acusación popular en el caso, exigió ayer que se depuren también las responsabilidades políticas de quienes intervinieron en la «gestión caótica» del Consell. Solicitó la comparecencia de Camps, quien intervino «con llamadas telefónicas y reuniones» a través del arquitecto o de sus representantes.
