La Societat d'Amics de la Serra d'Espadà (SASE) exigió ayer a la Generalitat Valenciana que asuma el coste del tratamiento y los trabajos de erradicación de la plaga del insecto perforador «tomicus» y que no se lo cargue a los propietarios de las zonas forestales, que podrían verse desbordados ante unos costes «inasumibles».
Además, el colectivo advirtió a la Generalitat que ella es la responsable de la plaga por haber obviado durante los dos últimos años las peticiones de medidas de prevención y cuidado de las masas forestales debilitadas tras los incendios del año 2012 en el paraje natural.
Esta es la respuesta de la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà (el colectivo civil más activo e implicado con la defensa del paraje) semanas después de que comience a aplicarse la orden de la Generalitat (25/2014) que declara obligatorio el tratamiento para controlar la plaga de «tomicus» en las pinadas de 40 municipios de la provincia de Castelló, especialmente en las zonas del interior.
Según dicha orden, los propietarios de pinares afectados deberán talar, extraer y destruir los pinos enfermos y, en el caso de que no se responsabilicen de los trabajos, la Generalitat los podrá ejecutar de forma subsidiaria cargando su coste al propietario por vía ejecutiva.
A juicio de la entidad, la pretensión de la Generalitat resulta «irrealista» e injusta con los propietarios, que no obtienen ningún beneficio por unos bosques que aportan un servicio a la sociedad y que, por lo tanto, tampoco deberían asumir un coste cuando se trata de una cuestión que afecta al territorio de forma global.
Según SASE, «los propietarios forestales no deben soportar los costes del control de la plaga de insectos perforadores que está arrasando nuestros pinares. En primer lugar, porque la administración autonómica es la responsable de no haber destinado los recursos suficientes para evitar que las zonas afectadas por los incendios de 2012 se convirtieran en viveros de insectos perforadores. También porque el beneficio económico que generan los bosques de pinos castellonenses no llegan a los bolsillos de los propietarios, por el escaso valor de la madera, pero sí que llega al conjunto de los ciudadanos castellonenses, por el alto valor medioambiental y paisajístico que tienen estos bosques situados al lado de zonas densamente pobladas».
En relación con la supuesta responsabilidad de la Generalitat Valenciana (tanto de la Conselleria de Medio Ambiente como la de Gobernación), los expertos de SASE insisten en que la actual invasión de perforadores comenzó a gestarse en el verano de 2012. «Aquel año extensos pinares de Castelló y de Valencia quedaron destruidos por incendios forestales. En las zonas quemadas muchos pinos no mueren pero quedan debilitados y son facilmente invadidos por insectos, convirtiéndose en viveros. Al darse la circunstancia de que a los incendios le ha seguido un largo periodo de sequía, los perforadores encuentran muchos árboles debilitados y pueden reproducirse rápidamente».
La Unió pide más intensidad
La Unió de Llauradors respaldó ayer la postura de la Societat d'Amics de la Serra d'Espadà y reiteró que la conselleria debe asumir los costes del tratamiento del tomicus. «No tiene ningún sentido, sobre todo cuando toda la población disfruta de los servicios de los bosques sin que los propietarios reciban dinero a cambio. Si esperamos a que los propietarios lo retiren, se extenderá más la plaga porque no suelen tener recursos. No se está actuando con la intensidad que se requiere porque hay menos brigadas. El problema de fondo es que la sociedad ha abandonado el bosque y le ha dado la espalda, por poca rentabilidad, y es responsabilidad de todos y más si cabe de la Administración».
