La Generalitat tiene cuatro años para costear nueve millones de euros correspondientes a competencias que presta el Ayuntamiento de Castelló y que la nueva reforma de la administración local considera «impropias». El Consell habrá de asumir estas funciones o garantizar financiación. Las áreas afectadas son las servicios sociales, educativos, sanitarios, consumo, medio ambiente y agricultura.
La ley, en vigor desde 2014, restringe por primera vez en democracia las competencias municipales con la finalidad de evitar una supuesta duplicidad. Los ayuntamientos impulsan prestaciones sociales o actividades educativas que son complementarias con las del Consell o el Gobierno, pero el Ejecutivo central considera que se han de acotar. La acción municipal queda limitada a urbanismo, protección de la salubridad pública, policía, local, protección civil, extinción de incendios, equipamientos culturales y deportivos, cementerios, vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y fomento de las nuevas tecnologías.
Según un reciente estudio municipal al que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento de Castelló destina en el presupuesto anual 9,6 millones de euros en servicios que la ley señala de «impropios», en los que incluye 3,6 millones de euros que corresponden a los salarios de los 87 funcionarios que se dedican a esta labor. Así, el consistorio dedica 1,1 millones de euros a medio ambiente y agricultura, 1,7 millones al servicio de ayuda a domicilio, 711.706 euros al servicio de intervención familiar, 10.000 al servicio de apoyo a personas o entidades cuidadoras, 288.246 euros a la promoción de animación comunitaria, 326.719 a los centros de mayores, 100.00 al servicio de alojamiento temporal, 341.957 al servicio de inclusión social, 177.718 al gabinete de prevención de trastornos adictivos y 779.206 a asistencia especializada en el campo de salud. Asimismo, destina 730.755 en áreas relacionadas con el consumo, 108.970 a la escuela municipal de teatro, 1,2 millones a la escuela taller de formación, 2.8 millones a la limpieza de colegios, 327.951 a los programas de escuela de «matí» y de «vesprada», 313.189 al servicio de igualdad de oportunidades y 294.835 en materia de juventud.
Con la nueva ley, el Consell ha de hacerse cargo de estas funciones. No obstante, las puede delegar en el ayuntamiento siempre que garantice inversión. El Ministerio de Hacienda asegura que ninguna actividad cesará su actividad y resalta que retendrá transferencias al Consell en el caso que elude la financiación correspondiente. Ha contemplado dos plazos para ejecutar los cambios. La revisión competencial en los servicios de ámbito social se ha de materializar en enero 2016, mientras en el resto de competencias el ayuntamiento tiene cuatro años más, hasta 2020.
De momento, la Generalitat Valenciana ha enviado una circular en la que elude dar instrucciones para firmar convenios e insta a los ayuntamientos a seguir igual hasta nueva orden. Un cambio de color político en las elecciones general podría modificar esta ley.
