El servicio de asistencia técnica y jurídica contratado por el consistorio de Vila-real ha resulto en su primer mes de funcionamiento unos cuarenta casos de los más de mil expedientes de disciplina urbanística que el ayuntamiento tiene abiertos desde 2004. El consistorio, para tratar de desatascar y solucionar los casos abiertos desde 2004, decidió externalizar el servicio por un importe de 49.600 euros para realizar un trabajo que se prolongará durante unos seis meses. En cuanto a los cuarenta casos resueltos, lo que supone un 4 % del total, el edil de Territorio Emilio Obiol, indicó que «hay temas de todo tipo».
No obstante, y en líneas generales, Obiol ya avanzó en su día que se intentarán legalizar inmuebles que fueron construidos sin licencia en la carretera de Onda, el PAI Madrigal o el PAI de la CV-20, aunque subrayó que se hará respetando «impolutamente» el marco normativo.
Construcciones por legalizar
La partida del Madrigal cuenta con 'masets' ilegales, a excepción de los ubicados en el Camino Ermita, que se edificaron cuando la zona ni siquiera estaba urbanizada. No fue hasta 2005 cuando se iniciaron las tareas de desarrollo urbanístico. En aquel momento, se cifró en cerca de 1.500 las viviendas que no tenían el permiso de construcción. Lo que sí que se desconoce es la cantidad total de sumarios sin caducar, caducados o prescritos ya que, como explicó el edil, «se van solucionando a medida que se va trabajando». En cualquier caso, se archivarán los expediente caducados y prescritos y se dará solución a aquellos que no hayan caducado y a los que hayan caducado pero no prescrito.
El departamento de Urbanismo es una de las áreas municipales con más frentes abiertos. Es por ello por lo que el consistorio también quiere poner orden sobre las reservas de aprovechamiento que, incluso algunas, se remontan al Plan General de Ordenación Urbana de 1993 y evitar la «sangría económica» de tener que pagar e indemnizar a todos los propietarios de terrenos que fueron expropiados teniendo en cuenta los cambios en cuanto al valor de los terrenos derivados de la crisis económica. En este caso, los servicios contratados supondrán casi 49.000 euros y durarán tres meses.
En este sentido, otro de los hándicaps son las sentencias judiciales que, junto los acuerdos con propietarios de terrenos expropiados y con las facturas sin consignar que se rescataron al principio de la legislatura, han obligado a pagar en los últimos cuatro años más de 20 millones de euros, según señaló el alcalde de la ciudad, José Benlloch, el pasado viernes.
Cifra que el Partido Popular atribuye a la «parálisis» a la que el munícipe ha sometido a la ciudad. La Escuela Oficial de Idiomas, el Molí la Vila, el jardín de las dominicas son algunos de los ejemplos.
Finalmente, las búsqueda de nuevas fórmulas para obtener suelos dotacionales es el último de los objetivos que se han marcado los integrantes del actual equipo de gobierno.
