Los vecinos de la urbanización Portomar, complejo por el que transcurre la calle Torre Paquita, no lo van a poner fácil para que el vial se abra al público este verano tal y como pretende el consistorio. Los propietarios se aferran a una sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana de 2013 que ratificó el uso restringido de la calle para defender su privacidad. Los propietarios de la zona abogan por volver a alegar contra el proceso que está tramitando el consistorio mediante el cual se pretende abrir esta vía al uso público acogiéndose a que así lo refleja el Plan General de Ordenación Urbana.
La comunidad de propietarios de Portomar alegó contra el primer plan de actuación integrada que planteó el Ayuntamiento de Orpesa para adecuar la zona a la normativa vigente y poder retirar las vallas que restringen el paso. El consistorio quiere hacer cumplir el PGOU, que especifica que la calle Torre Paquita es de uso público para peatones. Este primer proyecto urbanístico iba a ser sufragado por los vecinos, con un coste aproximado a los 320.000 euros.
El pleno de Orpesa desestimó anteayer las alegaciones que registraron los propietarios de Portomar. El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, explicó las de tipo jurídico «se han desestimado porque entendemos que ese vial es público». Las técnicas no se atendieron ya que el proyecto inicial varió. El nuevo, que tienen un coste de unos 80.000 euros, lo asumirá el consistorio. No obstante, los vecinos consultados por este diario no se dan por satisfechos con estos cambios.
«En cuanto tengamos el nuevo proyecto se harán las alegaciones pertinentes», explicó ayer un propietario de Portomar, natural de Zaragoza. Este vecino se mostró molesto con la actitud del consistorio de querer abrir el vial. «Aquí estamos todos enfadados. Parece que nos tengan manía», dijo.
«El proyecto de este complejo no está hecho para tener una calle, ni siquiera peatonal. Se trata de un vial de comunicación para la urbanización», aseguró este residente.
El propietario incidió en que, en la reunión en que se acordó ceder el vial al consistorio de hace unos cuantos años, «hubo votos de vecinos que estuvieron en contra. Según la legislación, debería haber unanimidad para cederlo. Es por lo que años después el TSJ nos dio la razón». Este vecino remarcó que desde el punto de vista histórico-jurídico este asunto «ha sido una aberración».
«Dos sentencias a nuestro favor»
«Hay dos sentencias a nuestro favor, pero unilateralmente el ayuntamiento está optando por quitar la valla. No tiene potestad para hacerlo», destacó otro propietario, empadronado en Orpesa aunque residente en Madrid. Este hombre dijo que una cosa era que el ayuntamiento «quiera hacerlo y otra que pueda». El vecino se mostró favorable a «pedir responsabilidades patrimoniales a las personas que están incitando a quitar la valla».
Según explicó un propietario, la asamblea general que la comunidad de vecinos celebró el año pasado acordó alegar contra el proyecto, que meses después se modificó. En caso de no atenderse sus quejas, quedaron en llevar el caso de nuevo a los tribunales. Ahora disponen de un plazo para alegar contra el nuevo plan urbanístico para la calle. Una vez finalice el periodo de alegaciones, el pleno deberá pronunciarse de nuevo.
El concejal Fabregat se mostró confiado en que los vecinos acepten finalmente las nuevas condiciones y permitan retirar las vallas de acceso a la zona antes del verano. El objetivo del consistorio es que los vecinos de los edificios Mar de Oropesa, situados en el otro extremo de la calle, puedan transitar por el vial y tener una acceso directo a la playa de la Conxa, en vez de tener que ir al mar por la calle Columbretes.
