Lo llevaban pidiendo durante años, sobre todo desde la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica pero, hasta su llegada al equipo de gobierno, no lo han conseguido. El grupo municipal del PSPV de Borriana junto a sus socios de gobierno, Compromís y Se Puede Burriana lograron ayer aprobar por mayoría en el pleno municipal retirar la medalla de oro que el consistorio le otorgó en 1968 al entonces dictador Francisco Franco «como expresión tangible de su imperecedera gratitud».
La moción, firmada por los tres portavoces recibió la abstención de los dos grupos en la oposición: el Partido Popular que, hasta la fecha había bloqueado con diferentes argumentos peregrinos la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, pero también de Cibur.
El portavoz de Compromís, Vicent Granel, fue el encargado de defender el escrito suscrito por los tres grupos en el que se destaca que la retirada de este honor municipal (la medalla fue entregada en el Palacio del Pardo en julio de 1969) debía considerarse como un acto «de reparación de la dignidad colectiva del pueblo de Borriana, que no ha de permitir que una persona responsable de la represión ejercida durante los años de la dictadura contra centenares de vecinos y vecinas de Borriana y responsable en numerosos casos de su muerte, tenga reconocimientos y honores por parte de nuestra ciudad».
La misma moción sirvió también para, en aplicación de la ley de Zapatero, retirar la distinción como hijo adoptivo de la ciudad a José Antonio Girón de Velasco, el «león de Fuengirola», ministro de Trabajo entre 1941 y 1957 en el régimen franquista y que recibió el título de hijo adoptivo en enero de 1954. Además, el consistorio solicitará a Patrimonio Nacional la devolución de la medalla de oro concedida a Franco para proceder «a la eliminación de la inscripción que figura en el reverso».
Tras el primer paso dado por el tripartito, es posible que se siga aplicando la ley de 2007 y se retiren símbolos franquistas que todavía perviven en la ciudad y sobre los que también había llamado la atención el PSPV en su etapa en la oposición.
Otros acuerdos
Por otro lado, el pleno aprobó por mayoría la desestimación del recurso interpuesto por el grupo municipal de Cibur contra la retribución de las cantidades que perciben los concejales por el sistema de asistencia a las comisiones en base a un informe de los técnicos municipales que así lo recomendaba.
Además, el consistorio aprobó iniciar la resolución del contrato de agente urbanizador con la empresa Urbasur sobre la Unidad de Ejecución B-2, ubicada detrás del colegio Villa-Fátima. Según explicaron fuentes municipales, la medida «permitirá ejecutar la fianza de 78 306,71 euros para finalizar las obras certificadas, a pesar de que será insuficiente para acabar el PAI que, con un presupuesto de más de 1.5 millones de euros tiene pendientes obras por valor de 400.000 euros», explicó el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis.
Según Arnandis rescindir la condición de urbanizador a Urbasur Siglo XXI S.L. «permitirá abrir el vial de conexión entre la calle Manuel Cubedo y Giner y la ronda Músico Ibañez, consiguiendo una importante conexión entre el río Anna y el camino de Onda y descongestionando el Paseo San Juan Bosco, donde se encuentran tres colegios. El ayuntamiento podría asumir las obras por la gestión directa o buscar una nueva empresa que completara la urbanización».
El concejal de Urbanismo recordó que esta unidad de ejecución está paralizada desde el año 2010 y el PAI «fue aprobado el diciembre del 2006». «Este PAI B-2 , de suelo residencial, ocupa una superficie de 2 hectáreas detrás del colegio de Villa-Fátima. El 2009 la empresa presentó la 6ª certificación de la obra según la cual el PAI está acabado en un 71,24 por ciento. El 2010 se da un plazo de un mes para empezar las obras. Pasados los 7 meses, en el 2011 se inicia por primera vez el procedimiento para resolver el contrato con la empresa, procedimiento que el Consejo Jurídico Consultivo consideró caducado el diciembre del 2014».
