El Instituto Geológico y Minero Español (IGME) conoció un informe del Observatorio del Ebro de 2005 que advertía que la inyección del gas de Castor podría provocar terremotos, pero no le dio importancia y eludió analizar si existía un riesgo sísmico en la zona.
Así se puso de manifiesto en la declaración realizada ayer ante el juez que instruye el caso Castor por parte de un segundo técnico del IGME, José Antonio Fernández Sánchez, director de Recursos Minerales y Geoambiente del Instituto Geológico y Minero. Según explicó Fanny Conde, abogada de Arca Ibérica (una de las dos acusaciones populares del proceso judicial), Fernández reconoció que el organismo era sabedor de las conclusiones del Observatorio del Ebro sobre Castor, que alertaba de un posible riesgo de actividad sísmica y planteaba una serie de medidas correctoras como la instalación sismógrafos, pero admitió que no se le dio importancia. La abogada de Arca Ibérica estimó que Fernández, que participó en la redacción del documento del IGME que validó Castor en 2007, contradijo así las explicaciones que el día anterior efectuó el coordinador del informe del IGME, Jesús Gómez de las Heras -que afirmó que «no tenían conocimiento de la existencia de posibles riesgos sísmicos derivados de la inyección del gas»-.
Según Conde, Fernández explicó que el IGME se limitó a analizar la documentación aportada por Escal UGS, que eludía el riesgo de sismicidad, según los pasos que marca la normativa legal. En la tramitación de Castor, el Instituto Geológico tenía el cometido de evaluar la viabilidad de la propuesta presentada por la empresa concesionaria (Escal UGS). Dio por buena la memoria de Escal y no dio importancia a las advertencias del Observatorio del Ebro. En su informe no aparecía el riesgo de sismicidad porque no lo recogía la memoria de Escal, y el IGME no consideró pertinente solicitar más documentación o realizar un trabajo de campo para comprobar la propuesta de la empresa, según la abogada. El IGME puede actuar de oficio y reclamar medidas correctoras si encuentra alguna anomalía. Pero este organismo no dio entidad al estudio del Observatorio del Ebro y consideró correcto el proyecto trasladado por Escal UGS (participada al 66 % por el grupo de Florentino Pérez). «Si hubiera habido un riesgo de mención sismológico se habría mencionado», señaló el funcionario, según la letrada de Arca Ibérica. Asimismo, Fernández apuntó, añadió Conde, que un estudio sobre el riesgo sísmico habría comportado un coste económico de envergadura que no podía asumir el instituto.
Para la abogada de Arca Ibérica, el IGME tenía que haber comprobado el riesgo sísmico «y tenía que haber pedido medidas correctoras a la empresa». «Conocía el informe del Observatorio del Ebro y las alegaciones de la plataforma de Defensa del Sènia, pero no hizo nada, no pidió medidas adicionales, no hizo constar las advertencias del Observatorio del Ebro ni que existía una falla», esgrimió.
«Si se hubiera hecho este trabajo, la falla que despertó por los terremotos habría aparecido entonces y el resultado hubiera sido diferente», insistió la letrada.
Tras el visto bueno del IGME, el Ministerio de Industria aprobó el decreto de concesión en 2008. Luego, llegó la declaración de impacto ambiental (2009) y la autorización administrativa (2010) para la construcción del almacén. En todo el proceso no se evaluó el riesgo sísmico. En octubre de 2013, el Gobierno paralizó la planta por 550 temblores provocados por la inyección de gas. El fiscal jefe de Castelló, José Luis Cuesta, señaló el lunes que el objetivo de la investigación es averiguar «porque no se realizó un estudio sobre la sismicidad cuando creemos que es algo que se puso de manifiesto en el tramite de información».
El juez de instrucción número 4 de Vinaròs dirime si los Ministerio de Industria, Medio Ambiente, el IGME y la empresa cometieron presuntas irregularidades por no detectar el riesgo sísmico.
