La necesidad de viviendas públicas es apremiante en la provincia de Castelló, donde 712 familias están en lista de espera para acceder a un piso subvencionado, según datos de la Generalitat. Por ello, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se ha marcado como objetivo rehabilitar en el primer semestre del año 250 inmuebles del parque público en toda la Comunitat Valenciana de un total de 700 que están por reformar. Así lo anunció ayer en Castelló la consellera María José Salvador tras reunirse con la dirección de su departamento para planificar las principales actuaciones basadas en los acuerdos alcanzados este fin de semana en Morella.
De esta manera, si se cumplen las previsiones, Castelló dispondrá de viviendas públicas de la Generalitat para adjudicar a familias desahuciadas o sin recursos a mediados de año, aunque Salvador no concretó cuántos de los pisos que se rehabilitarán en estos primeros seis meses corresponden a la provincia. El objetivo de la conselleria es restaurar todas las viviendas que ahora están inhabitables, por lo que prevé actuar sobre otras 250 en el segundo semestre.
«Nos gustaría ir más rápido, pero la situación que nos hemos encontrado es que la conselleria y los ayuntamientos tienen dificultades cuando desahucian a una persona para encontrar una alternativa habitacional porque no hay un parque de viviendas fruto de la mala gestión de los últimos 20 años de gobierno del PP», lamentó Salvador. La misma situación es la que se da en el Ayuntamiento de Castelló, que actualmente carece de viviendas municipales disponibles para desahuciados.
Este problema se suma a la falta de colaboración de los bancos, a los que las administraciones local y autonómica piden desde hace meses la cesión de viviendas para alquiler social. En este sentido, la consellera recordó que sólo Caja Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular firmaron este acuerdo con la Generalitat, mientras que «las entidades que fueron rescatadas con dinero de todos no lo han hecho». Ante esta situación, Salvador prevé incorporar a través de la ley por la función social de la vivienda sanciones para aquellos bancos que no pongan a disposición los pisos desocupados. No concretó las medidas porque, según dijo, todavía se están estudiando las posibilidades legales para evitar que puedan ser recurridas ante los tribunales.
Actuaciones previstas
Por otra parte, la conselleria prevé llevar a cabo la redacción de los proyectos de rehabilitación de las viviendas públicas del Grupo San Lorenzo de Castelló y del Grupo B de Almassora a lo largo de este año, por lo que no se espera que las obras puedan comenzar hasta 2017. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda y supondrán la restauración no sólo de los inmuebles propiedad de la Generalitat, sino también de los elementos comunes de estos barrios degradados.
Sólo en el Grupo San Lorenzo la inversión prevista para 161 viviendas asciende a 681.200 euros. El Ministerio de Fomento aportará 238.420 euros, un 35 por ciento del coste total, mientras que la Generalitat aportará el 65 por ciento restante con 442.780 euros. De la cantidad total, 555.000 corresponden al coste total de las obras de rehabilitación, 100.000 a la reurbanización y 26.200 a los honorarios del equipo técnico.
