El portavoz del Partido Popular y alcalde de la Vall d'Uixó cuando se produjo la concesión de ayudas a cambio de realizar trabajos sociales para el ayuntamiento, Óscar Clavell, defendió ayer que «todas las decisiones tomadas estaban avaladas por informes técnicos». Además, llegó a señalar a la actual directora territorial de Servicios Sociales, Carme Fenollosa, que en ese momento era la responsable del área en el ayuntamiento de la Vall d'Uixó. Clavell afirmó que «si las cosas se hicieron mal fue porque los técnicos informaron mal, ya que todo se tramitaba a través de Servicios Sociales».
Sobre la notificación de las inspecciones, que se realizaron en marzo y mayo, el portavoz popular explicó que la última resolución llegó «en la recta final de la legislatura, en víspera de elecciones». La decisión que se tomó fue paralizar el proceso y esperar a ver cómo quedaba la composición del nuevo gobierno municipal. En cuanto se supo quién conformaría el equipo de gobierno y qué edil asumiría las tareas de Servicios Sociales, el concejal hasta ese momento, Enrique Sánchez «se puso en contacto personalmente con Antoni Llorente y se lo explicó todo», afirmando al respecto que «la transparencia que le hemos dado a este tema desde que tuvimos conocimiento fue total».
Clavell aseguró que «somos los primeros a los que no nos gusta que se haya producido este problema, pero que quede claro que si nos hubieran informado bien, no lo habríamos hecho». En cuanto a las advertencias que el sindicato CCOO le realizó al concejal del área a este respecto en su día, el ex alcalde insistió en que contaban con los informes técnicos favorables, señalando que «la respuesta nunca fue política, sino técnica».
Contrataciones en negro
Comisiones Obreras calificó ayer este tema como un problema «muy grave» que desde el sindicato se denunció en 2015 al considerar que lo que el consistorio estaba realizando, básicamente, era contrataciones en negro, dado que las personas que se acogían al programa de ayudas sociales «ni estaban dadas de alta, ni cotizaban y no se cumplían los requisitos básicos de protección», tal y como señaló ayer la Secretaria General de la intercomarcal de CCOO-PV Comarques del nord, Pilar de Vera.
Precisamente fue este sindicato el que inició el procedimiento que motivó una inspección de Trabajo y que acabó hace algunos meses con un requerimiento por parte del Ministerio en el que se emplazaba al ayuntamiento a formalizar las cotizaciones de todas las personas que se vieron afectadas por esta medida impulsada por el equipo de gobierno del PP, tras la aprobación de una ordenanza en 2012 en la que se planteaba la obligatoriedad de realizar «actividades de colaboración social», pero que desde Trabajo se han considerado contratos encubiertos.
Se da el caso que en el mes de enero de 2015, fue el propio ayuntamiento el que publicitó esta iniciativa, en contra de la cual se habían manifestado los partidos de la oposición, además del sindicato denunciante, señalando que «un total de 861 personas realizaron a lo largo de 2014 colaboraciones sociales tras acogerse a la nueva ordenanza que regula las ayudas económicas». Según el mismo comunicado hecho público por el consistorio, el entonces concejal de Servicios Sociales destacaba que estas personas habían realizado estas acciones en la Biblioteca Municipal, el Hogar sagrada Familia, la Brigada Municipal o el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Aunque CCOO detectó inicialmente solo 25 casos, fue ante el comunicado hecho público por el ayuntamiento anunciando que había en realidad casi 900, cuando se pusieron en contacto con la Seguridad Social que «al ver que podría ser una pauta de actuación, realizaron las inspecciones».
Según Pilar de Vera, desde su sindicato se advirtió al edil de esta irregularidad, «aunque siempre nos dijeron que la legalidad les amparaba», en relación a un decreto aprobado en junio de 2014 que «contemplaba la posibilidad de hacer contratos como colaboradores sociales para este tipo de personas», aunque insistió en que «ese decreto contemplaba las cotizaciones en el Régimen General de la Seguridad Social», una aspecto este que, según el sindicato, el equipo de gobierno de la Vall «obvió».
En todo caso, desde CCOO se reconoce que la situación es «muy grave y complicada», aunque se considera que «no cabe otra salida que buscar soluciones caso por caso para personas que ya estaban en una situación precaria de origen, por un problema que no es imputable a ellos». De Vera incidió en que, desde su punto de vista «se deberá buscar una solución administrativa para este tema, que se puede conseguir sentándose todas las partes a negociar y nos consta que la intención del actual ayuntamiento es hacerlo». Por último afirmó que «CCOO facilitará la colaboración para que se solucionen estos problemas de la mejor manera posible para los afectados».
Por su parte, Óscar Clavell dijo que, ante la situación actual, «lo más importante es que el ayuntamiento pague la Seguridad Social, porque la responsabilidad es del organismo contratante».
