La Generalitat quiere acotar el poder de las diputaciones y aspira a que el Estado transfiera directamente a los municipios los fondos que ahora aporta a las instituciones provinciales. Su pretensión es acabar con los criterios «clientelares» que predominan, a su juicio, en la concesión de ayudas y subvenciones a los municipios. El decreto previsto que ata en corto las competencias en turismo y deporte de las diputaciones tiene la finalidad de coordinar las políticas en estos ámbitos.
Así lo asegura el director general de Administración Local del Consell, Antoni Such. El Gobierno valenciano ha aplazado la aprobación de la citada normativa que afecta a las áreas provinciales de turismo y deporte, anunciada para el viernes pasado, ante el revuelo generado en las Diputaciones de Castelló y Alicante, y acepta que se presenten nuevas sugerencias, pero el espíritu de la iniciativa se mantiene. «El objetivo es evitar las duplicidades y que no se distribuya el dinero como les dé la gana cuando es de los ayuntamientos. Por ejemplo, en instalaciones deportivas es intolerable que se haga césped artificial cuando hay necesidades sociales», sostiene Such.
En su opinión, las diputaciones utilizan las ayudas a los municipios y colectivos de manera discrecional. Asegura que el decreto pretende armonizar las políticas de la Generalitat y las diputaciones en materia de turismo y deporte y fijar criterios objetivos en la entrega de las ayudas. La Administración provincial preservará estas competencias, afirma, pero un órgano de coordinación decidirá qué medidas tienen un interés estratégico autonómico y cuáles provincial. «Queremos coordinar acciones, no se trata de un ataque a la diputación, sino de que haya un reparto fundamentado en cuestiones objetivas y equitativas», añade el director general, que subraya que turismo y deporte son competencias del Ejecutivo valenciano y que las políticas que asume en estos campos la diputación es por delegación de los municipios.
Para el responsable autonómico, las diputaciones se han convertido en unas especies de «reinos de taifas» que reparten a las poblaciones y entidades por criterios de «amiguismo». Por ello, además del decreto, el Consell pretende como último objetivo, según Such, que el Estado dirija sus fondos a los ayuntamientos saltando la intermediación actual de las instituciones provinciales. Such recuerda que la ley de racionalización de la Administración local aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy ya obliga a la diputación a solicitar una autorización a la Generalitat para emprender sus inversiones.
Para la institución provincial, el decreto de la Generalitat supone una invasión de competencias, resalta que ya trabaja de manera coordinada con la Generalitat y cuestiona que el destino del dinero provincial quede en manos de Valencia.
La Diputación de Castelló considera que su trabajo es esencial en los pueblos pequeños que carecen de estructura administrativa. Ha enviado una carta a la clubes deportivos en la que advierte que sus subvenciones correrían peligro con el decreto. El presidente provincial, Javier Moliner, ha anunciado que lo recurrirá si se aprueba en los actuales términos. El Consell ha ampliado el plazo de negociación.
