El exvicepresidente de la diputación Francisco Martínez volverá a la Ciudad de la Justicia en dos semanas para declarar por la relación de sus empresas familiares con el urbanismo de Vall d'Alba, municipio del que fue alcalde durante 24 años.
Martínez comparecerá en el juzgado número 4 de Castelló el día 21 junto a sus dos hijos y su socio y amigo Raúl Babiloni. El nuevo proceso ha venido motivado por la querella interpuesta por la Fiscalía por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El Tribunal Superior de Justicia valenciano señaló la semana pasada que la causa abierta tiene que ver con los delitos de fraude y exacciones ilegales, aunque al parecer se trataba de una referencia genérica, sin entrar en el detalle de los delitos contenidos en la querella.
El fiscal instructor es Javier Carceller, el mismo que llevó el caso de la depuradora de Borriol. Las indagaciones que realizó de este último asunto dieron lugar a una investigación paralela sobre las empresas inmobiliarias de la familia Martínez y de su socio y de la relación de éstas con el urbanismo de Vall d'Alba. El fiscal ya advirtió de la «evidente sospecha» de que algunas de las propiedades de estas sociedades (Franvaltur, Prodever y Gestintur) «puedan estar relacionadas con actuaciones urbanísticas» promovidas por el Ayuntamiento de Vall d'Alba cuando Martínez era alcalde. El fiscal reparó en la adquisición de terrenos por parte de las empresas de la familia Martínez en zonas que posteriormente fueron objeto de operaciones urbanísticas promovidas por el ayuntamiento que presidía el propio Francisco Martínez. Estas pesquisas del fiscal ya se han sustanciado en forma de querella y han dado lugar a una nueva investigación judicial que se encuentra en instrucción.
A la espera de sentencia
Francisco Martínez, su hijos y el empresario Raúl Babiloni se enfrentan al nuevo proceso judicial a la vez que esperan sentencia por el caso de la depuradora. El fiscal solicita 4 años de cárcel para Martínez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas. Tres de estos delitos se repiten en la nueva querella.
