Tres días tienen los investigados en la denuncia contra los antiguos gestores del Castellón para presentar el dinero de sus respectivas fianzas.

En el caso de que no lo hagan, se procederá a embargar los bienes de cada uno de los denunciados para poder cubrir la fianza que el Juzgado de Instrucción nº2 de Castelló ha impuesto. Así, por ejemplo en el caso de José Manuel García Osuna y Antonio Blasco, se procedería a embargar su patrimonio y sus fincas libres de cargas, así como las acciones del CD Castellón, en el caso de que éstas les revirtiesen tras el juicio que debe celebrarse el 8 de noviembre por su propiedad. No podrían venderlas, ni hacer uso de ellos de ninguna manera y el juez le daría una pensión que ascendería al salario mínimo. Además, las acciones formarían parte de la indemnización si son declarados culpables de delito societario, en los procesos que ahora mismo tienen abiertos por su gestión al frente del conjunto albinegro.

Además estas fianzas, que en conjunto superan los 30 millones de euros, son indicativas de la existencia de numerosos indicios sobre la comisión de delito societario en la gestión del Castellón, durante la etapa de Castellnou como máximo accionista. De esta manera, para evitar que los investigados no tengan patrimonio cuando se llegue a una sentencia, se embargaría el patrimonio para que haya fondos a la hora de pagar la indemnización. Aparte, también se ha decretado el secreto del sumario y, a partir de ahora, las comunicaciones será secretas.