La Confederación de Empresarios de Castelló ve agravada aún más su situación económica por un nuevo requerimiento del Consell que le obliga a devolver 700.000 euros de ayudas por cursos de formación de 2009 y 2012, gestionados en la etapa de José Roca y Rafael Montero, que no fueron suficientemente acreditados. Según fuentes de la patronal, parte de los mismos están incluidos en la causa judicial que dirime un juzgado de Nules por un presunto fraude de 1,8 millones de euros, en la que están procesados Montero, un exdirectivo de la CEC y tres empresarios de academias privadas.

La Generalitat ha enviado la orden a la Cierval, que como organización autonómica recibía y repartía las subvenciones públicas para los cursos de formación entre sus filiales provinciales. Cierval deberá pagar antes del 20 de diciembre si no prosperan los recursos presentados. La autonómica ni la CEC disponen de liquidez para hacer frente a esta obligación. La primera ya retornó hace un año 400.000 euros por planes de formación programados por la CEC y cuya realización tampoco se había justificado.

Estos 700.000 euros engrosan la losa de la patronal de Castelló, que atisba la declaración del concurso de acreedores. Aparte de la nueva devolución del Consell, la CEC acumula impagos por un valor total de 700.000 euros, siendo el principal deudor la Cierval por los citados 400.00o que ya tuvo que devolver.

Para acabar el año necesita ingresar 128.000 euros. La patronal castellonense se encuentra en situación de preconcurso y espera percibir cerca de 100.000 euros en cuotas pendientes de asociaciones sectoriales, pero desde la entidad admiten que la mochila es demasiado pesada para evitar el concurso. Se ha marcado como plazo límite el 27 de noviembre para confirmar esta decisión.

Además, ha de afrontar el juicio por los cursos de formación al estar implicada como entidad subsidiaria, aunque el juez señale como presuntos inductores a Montero y otro exdirigente, lo que puede acarrearle otros gastos.

En julio, una gestora asumió el mando de la CEC para poner orden, pero la herencia recibida ha sido peor de lo que se preveía en un primer momento. Los empresarios critican la caótica gestión de los anteriores gestores. Todavía no han podido aprobar los presupuestos de 2016 porque desconocen con exactitud el estado de las cuentas.