La futura reapertura de la Piscina Provincial, una vez que esta noche, a las 22.00 horas, se produzca el cierre efectivo, plantea más sombras que luces a medida que avanza el verano. La sucesión de acontecimientos en las últimas semanas augura un escenario poco alentador para evitar lo que muchos profesionales y usuarios de la instalación temen: el cese del servicio más allá del horizonte de septiembre, mes en el que la Diputación Provincial contempla reabrir el centro deportivo con una nueva adjudicación de la explotación. Incluso, aunque tenga un carácter temporal, a la espera de redactar el contrato definitivo para sacar a concurso público la licitación de la gestión.
El último episodio del culebrón tiene como protagonistas a los propios empleados. Asesorados por los sindicatos, pretenden llegar hasta el final para defender sus derechos. Dicho de otra manera, ultiman una demanda colectiva contra Aiguagest SL. Pero esa denuncia salpica a un segundo invitado. En concreto, a la diputación. El motivo de la medida es doble: por un lado, demostrar que los despidos de la empresa son improcedentes, aumentando así la cantidad económica de los finiquitos; y por otro, garantizar que se incluya la subrogación de los trabajadores en el próximo pliego de condiciones de la piscina.
La institución provincial es conocedora de la decisión, porque así se lo han trasmitido los afectados al diputado de Deportes, Luis Martínez, en una reciente reunión. No en vano, jurídicamente es la única vía para asegurar que la susodicha subrogación de los puestos de trabajo esté recogida en alguna de las cláusulas del documento de explotación.
Más contenciosos
Por si no hubiera suficiente enredo, fuentes cercanas a Aiguagest apuntan a la posibilidad de llevar a la diputación ante los tribunales por incumplimiento de contrato.
Cabe recordar que el pasado 18 de julio la institución provincial, en pleno ordinario, aprobó el expediente de resolución del convenio al no haber cobrado el canon fijo de 66.000 euros, que anualmente debía satisfacer la adjudicataria hasta 2023, según estipula uno de los artículos del convenio, que también habla de otra cifra variable en función de los beneficios después de impuestos.
Desde el organismo que preside Javier Moliner «no se tiene constancia» de la hipotética denuncia de Aiguagest. En cualquier caso, de haberla, no afectará a la hoja de ruta marcada para recuperar al 100 % el control de la Piscina Provincial, tal cual afirman las mismas fuentes.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Castelló se mantiene expectante sobre lo que ocurra con el complejo deportivo en las próximas semanas. Como ayer publicó este periódico, la concejalía de Deportes está trabajando para encontrar una fórmula legal que permita asumir la gestión de la instalación mediante una cesión.
