Castelló, una capital de provincia de 170.000 habitantes que tiene el dudoso honor de regirse por unas normas urbanísticas transitorias de urgencia, dio ayer un paso hacia la normalidad con la aprobación en pleno extraordinario de la «versión preliminar del Plan General Estructural» (PGE), un acuerdo con el que arranca una compleja tramitación que concluirá con la aprobación definitiva de un nuevo Plan General. El punto logró recoger el apoyo del gobierno municipal de PSPV, Compromís, el de sus socios del Pacte del Grau, Castelló en Moviment, y el de los concejales de Ciudadanos. El PP, pese a ser el responsable de la planificación urbanística anterior que acabó por tumbar el Tribunal Supremo en 2008, decidió votar en contra del acuerdo. Se abre ahora un horizonte incierto, marcado en primer término por periodo de exposición pública de 45 días, que tiene como meta aprobar definitivamente el PG para que vea la luz antes de abril de 2019, que es la fecha en la que caducan las normas transitorias del Consell.

En el camino, como explicaba ayer la propia alcaldesa, Amparo Marco, «un nuevo modelo urbanístico «que apuesta por la regeneración urbana, por devolver espacios a la ciudadanía, por incorporar la perspectiva de género, por la movilidad sostenible y por garantizar el derecho al acceso a una vivienda». Marco incidió en su discurso en el papel relevante que juega la infraestructura verde, una red de espacios de mayor valor ambiental, cultural y paisajístico y los corredores ecológicos y conectores funcionales que los unen que supone un 70% del territorio. El PGE califica como suelo no urbanizable protegido el 48% del territorio (5.354,59 hectáreas); como no urbanizable común el 23% (2.651,57 hectáreas) mientras que el suelo urbanizable (530,08 hectáreas) y el urbano (2.669,54 hectáreas) suman el 29% del término municipal.

El concejal de Ordenación del Territorio y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rafa Simó, subrayó por su parte la importancia de los dos procesos participativos ciudadanos previos, los foros de urbanismo Siglo XXI y el #CastellóCiutatViva que permitió acercar el nuevo planeamiento a los barrios de la ciudad a través de 17 reuniones. «Se trata, por tanto, del Plan General más democratizado que jamás ha tenido esta ciudad, con la complejidad, expectativas y polémicas que eso supone».

Pese a ello, la presencia en el pleno municipal de una representación de los vecinos del barrio Crèmor augura un recorrido con obstáculos que, de momento, parece obviar el equipo de gobierno. Los representantes vecinales, como ha venido recogido estas semanas Levante de Castelló, auguran, no ya alegaciones al PGE, sino una más que probable batalla judicial al considerar que hay viviendas unifamiliares históricas en el barrio que no son consideradas suelo urbano y que, según los residentes, corren el riesgo de desaparecer. Lamentan que no se les ha tenido en cuenta e insisten en recordarle al gobierno local el caso de Mestrets, «muy similar al nuestro», que fueron capaces de conseguir el que Tribunal Supremo anulase el Plan General del PP del año 2000 «por una situación parecida a la que nos asomamos nosotros», advertía ayer el presidente de la asociación Sant Joan del Riu Sec, José Roger.

Pese a ello, tanto Rafa Simó como el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, recordaron que está abierto el periodo de alegaciones, animaron a presentarlas, aseveraron que no se van a rechazar todas por sistema y abrieron, así, una puerta a escuchar los planteamientos de todos los ciudadanos y a activar los cambios que sean necesarios en el Plan General. Tras estos 45 días de exposición al público, el texto modificado del PGE volverá a información pública por 20 días y, de manera paralela, se expondrá el Plan de Ordenación Pormenorizada (POP). El debate urbanístico no ha hecho más que empezar.