La política de personal impulsada por la Conselleria de Sanidad, que dirige Carmen Montón, en el Hospital Provincial de Castelló acaparó en la mañana de ayer la sala de vista del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló.
El juez vio primero siete demandas impulsadas por los trabajadores (contratados o funcionarios) y, a continuación, la impulsada por el PP de la Diputación de Castelló, que preside Javier Moliner, contra la Consellería de Sanidad. La demanda de la corporación provincial la activó Elena Vicente-Ruiz, en calidad de vocal del PP en la Consorcio Provincial del Hospital.
En la génesis de este conflicto laboral, que ha derivado en los tribunales, bien por la vía de lo Social o de lo Contencioso Administrativo, se sitúa la nueva relación de puestos de trabajo aprobada por el consejo de gobierno de Consorcio Hospitalario Provincial el 26 de octubre de 2016 y que afectó a un total de 19 trabajadores (la mayoría despedidos y otros degradados).
Los afectados y el PP mantiene que aquel acuerdo del consejo de gobierno se adoptó sin ningún informe que lo sustentara.
La Conselleria de Sanidad, en cambio, esgrime que la nueva relación de puestos de trabajo se realizó en base a una informe elaborado por la Universidad Jaume I de Castelló, titulado Plan de Ordenación de Recursos Humanos para el Consorcio Hospitalario Provincial. Los demandantes sostienen la tesis contraria, es decir, que ese informe ni se trató en la mesa general de negociación ni fue presentado en la mencionada reunión del consejo de gobierno.
«Interpuse una demanda de nulidad contra el acuerdo de 26 de octubre de 2016, en concreto el acuerdo número 10, que suponía la modificación de la relación de puestos de trabajo y esto significaba la amortización de 17 plazas», dijo la diputada.
Mesa de negociación
«El motivo de interponer la demanda es porque nos hicieron votar un acuerdo sin ningún documento que justificara esa modificación de los puestos de trabajo. De hecho, el día anterior hubo una mesa de negociación y los sindicatos también se quejaron de lo mismo, es decir, que ese informe de la Universidad Jaume I no estaba ni existía el día de la reunión , ni tampoco al día siguiente», añadió.
La diputada provincial indició que el fin último de la demanda es «impedir el desmantelamiento del centro y pensamos que cuidar al personal, que es al final el corazón sanitario de la provincia , nos parece trascendental». «La fuga de médicos que se ha producido corrobora nuestra denuncia. Por tanto, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, sino los derechos de los trabajadores. La situación del Hospital, a tenor de lo constatado en la reunión de ayer [la del consejo de gobierno] es grave, y así lo constata la propia auditoria de la Conselleria, y deja claro el desastre económico que hay», remató la dirigente popular.
Algunos de trabajadores despedidos han sido readmitidos, y otros, el grueso de los afectados indemnizados por los jueces de lo Social. No obstante, este colectivo de afectados subrayó la «arbitrariedad» de los acuerdos adoptados, que «degradó a unos en beneficio de otros».
