Compromís presentó ayer sendas mociones en el Senado y en el Ayuntamiento de Vinaròs en las que solicita al Gobierno 21 millones de euros para adecuar el trazado de la antigua N-340 antes de revertir este vial al consistorio.
El senador de Compromís, Jordi Navarrete, explicó ayer en la capital del Baix Maestrat que esta propuesta, «está basada en el cumplimiento de la normativa vigente, ya que la orden 3426 de 27 de octubre de 2006 del Ministerio de Fomento no está derogada, la cual indica que deben abonarse o invertir 204.644 euros más el IPC desde el año 2005 por cada kilómetro de carretera antes de su reversión».
Navarrete, que reside en Vinaròs, informó que esta orden no se aplicaba desde 2011 porque el estado contestaba siempre a los ayuntamientos que por motivos de la crisis económica y la falta de presupuesto no se podía realizar esta inversión, según respuesta del Ministerio de Fomento a pregunta de Compromís.
«Pero teniendo en cuenta que tanto el gobierno de Rajoy como el del Pedro Sánchez aseguran que ya hemos salido de la crisis, creemos que es el momento de pedirlo», apuntó el senador de Compromís.
Además, Navarrete indicó que en la moción también se reclama que se invierta en los tramos de las N-232 y N-238 que conectan la actual N-340 con la antigua. Una inversión encaminada a mejorar esos tramos de carretera que presentan ciertas deficiencias, según el senador.
Exámenes teóricos
Por otro lado, Navarrete anunció la presentación de otra moción, tanto en el Senado como en el ayuntamiento, en la que se solicita a la Dirección General de Tráfico (DGT) que incluya a Vinaròs dentro del listado de poblaciones que podrán realizar los exámenes teóricos de conducción y que se está elaborando.
El senador de Compromís recordó que Vinaròs acogió los exámenes teóricos hasta antes de 2013, cuando se eliminaron y sólo quedaron los de prácticas, que se mantienen.
Navarrete recordó que en 2013 el diputado de Compromís Joan Baldoví preguntó los motivos por los que se suprimieron los exámenes teóricos en Vinaròs. La respuesta de la DGT a Baldoví fue que «las pruebas se realizaban en papel por la carencia de condiciones idóneas, que había una falta de garantía de objetividad, que había 65 sillas pegadas unas a otras sin pasillos para acceder ni los alumnos ni el personal».
