Las «dos velocidades» a las que se refirió la semana pasada la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Verònica Ruiz, sobre las posturas enfrentadas en el seno del bipartito respecto a la Cruz de los Caídos de Ribalta, siguen transportando al PSPV-PSOE y Compromís por caminos muy distintos en el Ayuntamiento de Castelló. La falta de consenso se evidencia cada vez más en las declaraciones públicas de unos concejales y de otros. Nadie esconde su posición y, aunque en esencia se defiende lo mismo, la interpretación sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica deja muy en el aire el futuro del monumento de exaltación al franquismo.
Ayer, Ruiz reiteró su posicionamiento, y en definitiva el que abandera Compromís, sobre la obligación de cumplir la normativa y, con ello, proceder a la retirada de la cruz.
«La ley se ha de cumplir. El artículo 15 dice explícitamente que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Si yo tengo un informe técnico de expertos que literalmente, en su acta, dice que es un monumento de exaltación de la guerra civil y de la represión franquista, blanco y en botella», subrayó la también edil de Cultura.
En este sentido, consideró poco probable que la retirada de la cruz pueda tener consecuencias legales que afecten al ayuntamiento. «El comité de expertos está compuesto por catedráticos de las tres universidades más importantes de la Comunitat Valenciana y nadie pone en duda su criterio. No creo que haya ninguna incertidumbre legal sobre la aplicación de la ley», aseveró.
«Se pueden poner las excusas que se quieran, pero la ley es clara en este tema y nosotros solo pedimos que se aplique el artículo 15», sentenció para concluir la portavoz de la Junta de Gobierno Local.
