Compromís mantiene abierta la batalla judicial en defensa de la vicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal, y el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, frente a la querella presentada contra ellos por el portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, por presunta malversación y falsedad vinculadas al supuesto envío de propaganda electoral para los comicios europeos de 2014 a través del servicio municipal de correos del ayuntamiento.
La estrategia, de momento, no pasa por la dimisión de Brancal, cuya continuidad como vicealcaldesa camina por el filo de la navaja tras el informe de la secretaria municipal que ha determinado que, efectivamente, Ali Brancal tiene condición de investigada -anteriormente imputada-, lo que en aplicación del estricto Código del Bueno Gobierno del Ayuntamiento de Castelló debería ser motivo -aunque aquí las interpretaciones políticas son variadas- para que Brancal renunciase a la vicealcaldía o para que la alcaldesa, en aplicación de citado código, la cesara.
De momento, Compromís ha conseguido dilatar el procedimiento ya que ayer informó de que el Juzgado de Instrucción número 2 ha admitido a trámite los recursos de apelación interpuestos por Ali Brancal y Enric Nomdedéu para solicitar la nulidad de las pruebas aportadas por Juan José Pérez Macián en la querella interpuesta contra ellos. Esto supone que el juzgado, de momento, no dará ningún paso más, como es habitual, a la espera de que la Audiencia Provincial de Castelló resuelva ambos recursos, importantes sin duda porque podrían servir para determinar si los sobres aportados por Pérez Macián son o no prueba nula.
Desde Compromís, por medio de un comunicado, se aseguraba ayer que la admisión a trámite de estos recursos «paraliza la querella de Pérez Macián», por lo que no se espera que haya novedades en las próximas semanas a nivel judicial. Es más, fuentes de la formación nacionalista consideran que, según los plazos habituales, no será hasta «finales de febrero o principios de marzo» cuando se pueda conocer una decisión judicial al respecto.
En sus recursos, tanto Ali Brancal como Enric Nomdedéu plantean que «en ningún momento se ha reconocido que esos sobres aportados por Macián» fueran remitidos por los entonces ediles de Compromís -estamos hablando del año 2014- ni si pertenecen a las remesas postales remitidas por su grupo político municipal.
Para Compromís, lo único de momento «que sí ha quedado acreditado en las investigaciones realizadas en el proceso de instrucción ha sido que Pérez Macián ha mentido sobre la forma en la que obtuvo dichos sobres, ya que en su escrito de querella mantiene que aparecieron en su despacho «hace relativamente poco tiempo», mientras que la propia juez en su auto constata que estos «habían estado a disposición del querellante desde 2014».
Además, insisten desde Compromís en que «en el hipotético caso de que esos sobres se hubieran enviado por el grupo municipal, el concejal popular habría incurrido en una grave vulneración de derechos fundamentales que están recogidos en el artículo 18 de la Constitución Española, como es el secreto en la correspondencia» y, por tanto, «habría obtenido estas supuestas pruebas de manera ilegal cometiendo un delito», concluyen.
Sobre esta novedad judicial, fuentes del PP señalaron ayer que «aquí no se paraliza nada porque estamos ante procedimientos normales». Eso sí, consideran que «se está haciendo un flaco favor a Ali Brancal por mantenerla durante más tiempo como investigada y por dejar claro que tienen miedo a que se abran esos sobres, que quizás no tengan dentro lo que dijeron en su día que tenía», en alusión a que desde Compromís se defendió que tenía el Boletín Municipal del grupo y no propaganda electoral de las elecciones europeas.
Investigados
En cualquier caso, el procedimiento judicial sigue su curso habitual con la admisión de este recurso de apelación, que no quita la condición de investigados que tienen tanto Brancal como Nomdedéu. En el caso del segundo, el Código del Buen Gobierno del Consell no es tan estricto como el del ayuntamiento, de ahí que no se vea obligado a renunciar, pero en el de Ali Brancal sigue la presión y las dudas sobre su futuro.
Las próximas fechas pueden ser importantes. La secretaria del consistorio, que no se pronuncia sobre si Ali Brancal debe ser cesada, sí que recoge en su informe que la vicealcaldesa debería dar explicaciones ante la Comisión Permanente de Pleno de Gobierno Abierto y Participación, prevista para el 22 de noviembre y presidido por la propia Brancal. Será aquí donde, en teoría, se apruebe o no un dictamen para llevarlo al pleno del 29 de noviembre. Y en el caso de que no haya una postura definida, siempre cabe la posibilidad de que el PP presente una moción para su debate y votación, lo que obligaría a todos los partidos a pronunciarse sobre el cese no de la vicealcaldesa, sobre todo tras unos días de prudente silencio del PSPV, su socio de gobierno.
