Las propuestas presentadas en el Plan de Explotación por la empresa que actualmente gestiona el Balneario de Benassal estaban sobredimensionadas y no se corresponden con la realidad de lo que ha sido la gestión del centro termal desde su apertura a finales de agosto de 2011.

Esta es la conclusión que extrae el informe de la Universitat Jaume I encargado por la Diputación de Castelló sobre la situación y perspectivas del Centro de Hidroterapia de Benassal.

En este sentido, según refleja el autor del informe en relación a datos facilitados por la propia empresa «cabe concluir que no se han cumplido en absoluto las expectativas de ingresos del proyecto de gestión»; un aspecto al que añade que «en el último año comparado, 2015, los ingresos reales tan sólo representan un 22 % de los previstos». Así mismo, se indica que «durante los años 2016 y 2017 los ingresos parecen estabilizarse en una cuantía anual que vendría a representar un 25 % de los que se preveían estando la explotación consolidada».

Al respecto, llama la atención que el pliego de condiciones exigiera a las empresas licitantes un plan de explotación de 5 años, cuando el periodo de concesión se alarga hasta los 25 años o, al menos, que se contemple el reequilibrio de la concesión mediante aspectos concretos.

En el plano económico, el redactor del informe concluye que «la demanda y los ingresos reales durante el periodo 2011-2017 han sido muy inferiores a los previstos» y refleja que la empresa «aunque ha conseguido en gran medida disminuir los gastos previstos, esto no ha sido suficiente para compensar la baja demanda de la actividad» y cifra en unas pérdidas acumuladas en este periodo de 354.241 euros.

Aún así, se recuerda en el informe que la Generalitat y la Diputación aportaron para la construcción del centro termal 5,4 millones de euros y que no se establece ningún canon anual por la concesión, sino que el gestor recibiría los ingresos del pago por servicio de los clientes y que «el riesgo de demanda será del concesionario, no procederá el reconocimiento de retribución al concesionario por no alcanzar el nivel de usuarios previstos en el estudio económico-financiero».

Es decir, que la empresa asumía la gestión de una instalación pública a cambio de futuros beneficios por la llegada de clientes, asumiendo el riesgo y ventura de cualquier actividad comercial.

El plan de explotación contemplaba pasar de unos ingresos en 2012 de 722.951, 91 euros en seis meses de apertura a 1.550.565,35 euros en 2015, con 8 meses de apertura. Es decir, doblaban la cifra de negocio en solo 4 años. Así mismo, el gasto de personal previsto pasaba de 372.261,52 euros en 2012 a 875,572, 09 euros en 2015. En cifras reales, la empresa gastó en personal 66.006,80 euros en 2015 para casi cuatro meses de apertura.

Cabe recordar que la diputación acordó el 24 de noviembre de 2009 adjudicar la obra a esta empresa «por considerarla la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto para los intereses públicos».