El Síndic de Comptes de la Comunidad Valenciana ha publicado un informe sobre las inversiones de las Diputaciones valencianas en el periodo 2014-2016 en que indica que la corporación provincial castellonense destaca como la menos objetiva en la concesión directa de ayudas. En concreto este Informe señala que el 35,3% de las concesiones de forma directa se realizan con «excepción a la objetividad».

El diputado de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo, ha declarado que «llevamos toda la legislatura trabajando para cambiar este tipo de funcionamiento, pero sin la voluntad del gobierno que preside Moliner es muy difícil conseguir cambiarlo», y añade a colación de este Informe: «la falta de objetividad en la concesión de las ayudas favorece el clientelismo de estas entidades que tan de tiempos han estado ejerciendo, por eso apostamos para cambiar el modelo actual de Diputación con urgencia».

Otro de los aspectos que la Sindicatura señala en esta auditoría hace referencia a la objetividad en la adjudicación de contratos. Este órgano de fiscalización ha detectado en los contratos revisados que solo en el 44% de los casos los criterios objetivos superan a los subjetivos, a diferencia de Alicante donde se logra prácticamente el 100%. Vallejo valora que «son muchos gastos sin control y con poco criterio, motivo por el cual necesitamos una mayor fiscalización de la Diputación».

El informe de la Sindicatura señala que Alicante , reparte ayudas por a mayor importe, a menor número de entidades solicitantes (sólo el 46,9%) con criterios de distribución genéricos. La Diputación adjudica casi todas las obras con criterios objetivos y bajas significativas y sin fraccionamiento, con cierta demora en la ejecución por modificados, retraso en la aprobación del proyecto y otras causas. El plan provincial de 2018 prevé que las obras sean contratadas por los municipios de población superior a 10.000 habitantes, lo que puede suponer que se pierda en las ventajas de este modelo.

Castelló y Valencia , todos los solicitantes son beneficiarios y con ellos quienes adjudican los contratos sin apenas bajas de adjudicación, al no contemplar el criterio precio en la mayoría de casos. En Castelló, las ayudas son de menor cuantía y están muy repartidas entre los solicitantes, con criterios objetivos. Valencia aplica una fórmula no publicada, ni actualizada. Tanto en Valencia como en Castelló, en los contratos adjudicados por los beneficiario s, se producen casos de fraccionamiento del objeto contractual.