La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó el pasado mes de enero al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Madrid un informe de 54 páginas que tiene unas conclusiones claras. A juicio policial, «podrían incurrir responsabilidades penales Alejandro de Pedro Llorca, Juan José Pérez Macián y Juan Alfonso Bataller Vicent por un posible delito de fraude en materia de contratación pública». Para la UCO, esto es así por «haber acordado la contratación de un plan de medios a las empresas EICO/Madiva con cargos a fondos municipales con destino a publicidad institucional», pero «con el propósito de favorecer la imagen reputacional» del entonces alcalde, el popular Alfonso Bataller.
El informe de la UCO, fechado el 8 de enero de este 2019, entró por registro al citado juzgado tres días después, el día 11, y analiza al detalle todas las investigaciones realizadas por parte de las empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, uno de los presuntos impulsores de la trama de corrupción Púnica que investiga la Audiencia Nacional. Se trata pues de un paso más en todo el proceso judicial, que llega casi cuatro años después de que la Guardia Civil se personase en el Ayuntamiento de Castelló, en concreto el 9 de junio de 2015, para recoger documentación en el consistorio municipal y llamar a declarar «como investigados» a Alfonso Bataller, alcalde; Juan José Pérez Macián, teniente de alcalde y concejal de Hacienda; Marta Gallén, vicealcaldesa y responsable de Turismo; Cristina Querol, asesora de alcaldía; y Paloma Aguilar, coordinadora de comunicación.
El informe, al que ha tenido acceso Levante de Castelló, lo tiene ya en sus manos el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, que deberá decir los pasos a dar y qué medidas adopta sobre el caso de Castelló dentro de un sumario de tal envergadura -de momento tiene más de 16 piezas y supera los 150 imputados en todo el país- que es posible que no se cierre hasta marzo de 2022.
Ya hubo interés en 2011
En lo que respecta a Castelló, el informe se centra sobre todo en los contactos mantenidos con el citado empresario en 2014, si bien la UCO ha determinado que «los primeros antecedentes del interés de Alejandro de Pedro en prestar servicios reputacionales a Alfonso Bataller se remontan documentalmente al año 2011», algo que quedaría plasmado en un corre electrónico del empresario con fecha 27 de septiembre de 2011, interés que también aparecería en otro archivo fechado el 10 de julio de 2012.
En cualquier caso, según la UCO de la Guardia Civil, no sería hasta el mes de junio de 2014 cuando comenzaron los primeros contactos formales, con un encuentro entre Bataller y de Pedro en un desplazamiento en tren, «donde conversaron sobre la posibilidad de realizar unos trabajos reputacionales». Será a partir de entonces cuando entrarían en juego los otros investigados hasta cerrar los acuerdos. La clave está, según recoge el atestado, en que se estaba diseñando el mismo patrón detectado en otros municipios, «en los que mediante el pago de supuestas campañas publicitarias se sufragarían servicios reputacionales destinados al alcalde», consistentes en la generación de contenidos favorables al cliente en un diario digital que se crearía para ellos -«Noticias Castellón», de la empresa Madiva- y en redes sociales.
En diferentes pinchazos policiales se detecta por la UCO que Alejandro de Pedro habría confirmado con una de sus personas de confianza, José Antonio Conesa -en concreto el 28 de julio de 2014- que ya se habría llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Castelló para prestar servicios que ascenderían a 20.700 euros en 2014 y 20.700 euros más en 2015. Para la UCO, «llama la atención el fraccionamiento de las cantidades del contrato, manteniendo el importe por debajo del umbral del contrato menor», esto es, la posibilidad de realizar una «adjudicación directa».
Siguen las negociaciones y finamente, según la UCO, se acuerda un desglose: una partida financiada por publicidad turística con cargo al ayuntamiento -que incluiría el pago de un periodista para la generación de contenido y la compra de seguidores en las redes sociales para Alfonso Bataller- y otra financiada por el Partido Popular local, dirigida a mejorar la reputación del alcalde, todo ello en el marco de unas elecciones municipales que se asomaban en mayo de 2015.
Para la UCO, del análisis de la documentación hallada, llamadas y correos electrónicos localizados se «desvela el carácter instrumental» del acuerdo presuntamente cerrado entre el empresario y el equipo de confianza de Bataller, apuntando en este sentido que «la contratación de la campaña publicitaria que hubo no era el objeto real de la contratación municipal, sino solo una cobertura... para la justificación formal del pago». «Llama la atención la prevención de personal del consistorio sobe el eventual control de la Intervención al respecto», recoge el atestado de la Guardia Civil.
Finalmente, todo estallaría en octubre de 2014 con las actuaciones judiciales por las que se detuvo a Alejandro de Pedro, lo que dejó sin efecto el plan de trabajo presuntamente contratado hasta mayo de 2015. Madiva ya había presentado las primeras facturas al consistorio y al PP, pero se paralizaron tras la detención del empresario.
