El Ayuntamiento de Cabanes instó ayer al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno central a asumir el coste completo de la desaladora de Cabanes-Orpesa. Esta petición llega tras el rechazo a la última oferta de convenio de la compañía estatal Acuamed para la puesta en marcha de la instalación, que incluía una moratoria en el pago y el ajuste del importe al consumo del municipio.
Dolores Torreblanca, concejala de Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura de Cabanes, explicó la posición del actual equipo de gobierno municipal respecto a la desaladora y aseguró que «estamos a favor del uso del agua procedente de las desaladoras pero no a cualquier precio. Debemos pensar en el futuro y no vamos a hipotecar el futuro de nuestras vecinas y vecinos para pagar esta infraestructura».
Además, Torreblanca criticó la gestión del Partido Popular en el consistorio cuando se firmó el primer convenio, en el año 2006 al afirmar que «hemos cogido el timón en las negociaciones con Acuamed para acabar con esta problemática que nos persigue desde 2006 cuando se suscribió el Convenio para la financiación y explotación de la desaladora», concluyó la responsable de Urbanismo.
Mientras, Lucía García, portavoz del PP, compartió la petición formulada al Ministerio, aunque responsabilizó al Gobierno de Zapatero de la problemática con la instalación al, según García, «haberla impuesto por interés partidista».
