¿dónde está la salida del laberinto?

Entre todas las intervenciones la aportación del político de los tiempos de Maragall es con mucho la más positiva, además de ser muy interesante para todos aquellos que observamos y sufrimos el conflicto desde fuera de Cataluña. Por fin encontramos a un intelectual barcelonés que analiza la problemática catalana teniendo en cuenta también existen el resto de Comunidades Autónomas (CCAA) que no son Euskadi y Madrid. Añadamos a ello, que tenga el rigor y la soltura de abordar con frialdad y criterio las seis alternativas que se nos ofrecen para la organización territorial en España. Agradeciendo mucho su esfuerzo intelectual, como persona preocupada por la financiación autonómica, me tomo la libertad de seguir su ruta y anotar en ella la dimensión «financiación autonómica» a cada una de estas posibilidades. Estas son modelos ideales o esquemáticos, ordenados desde la recentralización hasta el derecho a la secesión, inspirados en otros países, pero que pueden identificarse con las declaraciones de los partidos que van a presentarse a las elecciones del 28 de Abril.

1. El retorno al Estado centralizado y uniformizado que ha predominado en muchos años de nuestra historia contemporánea. Dejando aparte la constitucionalidad que puede suponer, sería la opción de VOX favorable a la desaparición de las CCAA, con lo que la discusión sobre la financiación autonómica desaparecería para quedarse en una mera distribución regional, por parte del gobierno central de los presupuestos generales del estado.

2. Una reforma del Estado de las Autonomías ( lifting es el sinónimo que usa Valles), que corrija sus principales disfunciones, aunque manteniendo su lógica interna. Se trataría de reformular las actuales competencias autonómicas devolviendo alguna de las actuales al Estado. Esta podría ser la opción preferida por el PP y Ciudadanos y que obviamente supondría una reforma del modelo con menos ingresos y gastos de las CCAA, al contar con menos obligaciones para con los ciudadanos.

3. La federalización «desde arriba» (federalización light) aplicando en el actual sistema alguna característica propia del federalismo, pero sin aceptar un carácter original de agrupación voluntaria. Si añadimos que esta opción puede ser igualmente apta tanto para promover alguna recentralización, como en avanzar en la descentralización del poder político, cabe pensar que es lo que PSOE podría preferir. Financieramente si estaríamos hablando de federalismo fiscal y en consecuencia habría que cambiar en profundidad el actual modelo, aunque no liquidarlo, necesariamente.

4. La extensión del modelo foral a otras CCAA, admitiendo una relación bilateral entre ellas, de naturaleza cuasi confederal, como la que existe en la actualidad entre Navarra y el resto del reino de España. Sorprendente nadie ha expresado problemas de constitucionalidad en ello. Cabe suponer que el PNV es un defensor de esta opción de la que en el fondo ya disfuta. Desde el punto de vista financiero estos nuevos «fueros» darían lugar a nuevos «cupos» que deberían ser discutidos en un marco distinto del actual modelo de financiación autonómica.

5. La federalización «desde abajo», reconociendo la unidad de España como el resultado de una decisión libre de comunidades (no necesariamente las CCAA actuales) que determinan de libre y común acuerdo, las condiciones de su unión. Esta es la opción que puede destilarse de lo expresado en el entorno de Unidos Podemos y de algunos partidos nacionalistas. Al movernos en un marco radicalmente federal las ideas, basadas en recaudar para luego repartir, deben ser abandonadas ya que lo único que quedaría por abordar serían los mecanismos de colaboración y los porcentajes fiscales a destinar a la solidaridad y al reequilibrio entre los distintos territorios federados.

6. Reconocimiento del derecho a decidir la secesión, en condiciones pactadas entre el Estado y la comunidad que pretende ejercerlo. Se seguirían vías parecidas a las demandas de una parte de quebequenses y de escoceses. Obviamente requiere un cambio constitucional profundo. En esta línea están las formaciones que defienden la autodeterminación en Cataluña y en Euskadi. En esta posibilidad, la discusión sobre la financiación desaparece, aunque toma cuerpo la imperiosa necesidad de cuantificar el protocolo de la ruptura y de las obligaciones económicas firmadas por España con anterioridad a la fecha de la independencia.

Un ejercicio, más o menos cartesiano, como el aquí expresado puede ser inútil cuando no presuntuoso por su ingenuidad, pero como estamos hablando de intentar salir de un laberinto, conviene que la semántica sea lo más clara posible ya que es imprescindible para todo debate que pretenda no degenerar en un conflicto incontrolado. Como demuestra el demoledor episodio del brexit, aclarar el lenguaje y el entorno que rodea las decisiones es vital y ello incluye conocer fiablemente las correspondientes consecuencias financieras. Afrontar con reformas negociables los problemas de modelo territorial podría ayudar a aliviar la tensión sobre el sistema político, incluso (especialmente si hablamos de puridad democrática) en puertas de una campaña electoral.

Siguiendo las conclusiones del Dr. Vallés, apuntar que tras lo experimentado desde 1978, la viabilidad de una salida política practicable no despende sólo de la técnica jurídica, sino también de revisar tanto las pautas heredadas de los conceptos de nación y estado, así como tomar conciencia de los riesgos que supone dilatar las negociaciones que den respuesta a nuestra crisis territorial.

Los responsables políticos tiene un mes para explicar a los españoles que alcanzar un modus vivendi temporal ( Ortega y Azaña ya lo defendían hace ochenta años) permitiría ganar un horizonte de relativa estabilidad, incluida la europea, desde la que responder más eficazmente a las urgencias de libertad y de igualdad que tienen pendientes nuestras sociedades. Las mismas que demandan un estado de bienestar que quizás los europeos ya no podamos financiarnos.