El equipo de gobierno sostiene que los problemas que arrastran los ayuntamientos «son consecuencia de las políticas nefastas del PP», en referencia a la conocida 'ley Montoro' de 2013. «A pesar de ello, Castelló ha invertido 90 millones de euros en obra pública, ha recuperado servicios recortados y ha estabilizado las cuentas», según el ejecutivo.
