El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs, reunido en sesión extraordinaria, desestimó crear una comisión de investigación solicitada por el Partido Popular sobre un presunto trato de favor a unos familiares de la edil de Hacienda, la socialista María Cano. Un tema que acabará en los juzgados, ya que tanto el PP como el PSPV-PSOE lo llevan a la Fiscalía. Fue el voto de calidad del alcalde el que evitó la creación de esta comisión, ya que Cano no acudió a la sesión plenaria al ser parte vinculada al tema que se debatía.

Cabe recordar que el PP denunció un presunto trato de favor por ocupación de vía pública de un establecimiento que propiedad de familiares de la edil, de ahí que solicitará esta comisión de investigación.

Los populares explicaron que el mismo día se denunciaron a varios establecimientos por no pagar la tasa de ocupación de vía pública. Mientras unos tuvieron que pagar una multa, los familiares de la concejal pagaron la tasa pero no la multa, según el PP.

Los populares habían advertido de que si no se abría la comisión de investigación iban a llevar el caso a la Fiscalía, lo que anunciaron se hará tras desestimar crear la comisión.

Asimismo, los socialistas anunciaron que el pasado 16 de abril pusieron en disposición de la Fiscalía la desaparición de un documento oficial del expediente de este tema y que consideran que algún agente pudo filtrar al Partido Popular.

Mismo patrón con el PP

Tras la denuncia pública de los populares sobre este tema se hizo un informe por parte de la Policía Local en el que se decía que el procedimiento aplicado a los familiares de la concejal fue el «habitual» en estos casos y que abonando la tasa de ocupación de vía pública los expedientes se archivan.

En el pleno se dijo que el PP hizo lo mismo cuando gobernó en este ayuntamiento entre los años 2011-2015, se daba 10 días para regularizar la situación a los locales y abonar la tasa.

Por otro lado, también tuvo lugar un pleno ordinario en el que el Ayuntamiento de Vinaròs aprobó el proyecto básico para la construcción del colegio Jaume I, que fue aprobada en una junta de gobierno celebrado en febrero.