El Ayuntamiento de Borriana dará un paso más que importante este jueves en el futuro desarrollo del PAI del Golf Sant Gregori. El orden del día del próximo pleno contempla un punto en el que se pretende aprobar la devolución de la condición de agente urbanización a la mercantil del PAI Sant Gregori y poder desbloquear el proyecto que lleva demasiado tiempo enquistado.
Después del acuerdo transaccional suscrito entre el Ayuntamiento de Borriana y la mercantil Golf Sant Gregori SAU y que se aprobó, en un pleno extraordinario el pasado mes de febrero, la mercantil ha tenido que entregar los avales necesarios para que se le pueda devolver la condición de agente urbanizador. Un proceso que se llevará al pleno de este jueves y que supondrá, tras su aprobación, el inicio del proceso de licitación de las obras de urbanización. El objetivo es que las obras puedan comenzar este año.
El asunto que lleva a pleno el equipo de gobierno irá acompañado de contrainformes por la asistencia técnica externa ya que hay informes de técnicos municipales y de intervención con reparos.
Desde intervención ya hubo reparos en cuanto a la propuesta de acuerdo plenaria en el que se aprobó el acuerdo transaccional.
Así y todo, el equipo de gobierno llevará al pleno de este jueves la devolución de la condición de agente urbanizador a la mercantil para poner en marcha el PAI Golf Sant Gregori. Como explicó el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, «el siguiente paso a dar será que la mercantil tendrá que licitar las obras de urbanización porque uno de los compromisos añadidos en el acuerdo transaccional es la licitación de estas obras». Al ser la licitación por un importe muy elevado -entorno a los cien millones de euros- el plazo de exposición del proyecto podría alargarse
El objetivo es que las obras empiecen este mismo año y en un principio tenían previsto un plazo de 48 meses para finalizar la obra, es decir cuatro años, «pero la empresa tiene previsto hacerlo en menos tiempo porque tienen mucha cosa adelantado, como proyectos», añadió Arnandis.
En cuanto a la aprobación de este jueves, Arnandis puso un poco en duda el voto a favor de Cibur y en cuanto al voto de la edil de Ciudadanos añadió que «es la única que está radicalmente en contra». Por lo que hace al mayor grupo de la oposición, el Partido Popular, «ya cuando el tema fue al pleno hace unos año sí que hubo unanimidad en la votación, en el tema de la reparcelación hubo una unanimidad», aunque en los últimos plenos en los que se ha tratado el PAI Sant Gregori, «el PP se ha puesto en una situación muy cómoda, no se quieren mojar», y han optado por la abstención. Al respecto, el portavoz popular Juan Fuster, comentó que el planteamiento de su partido siempre ha sido «coherente» y recordó que cuando el PP gobernaba en Borriana «se decidió iniciar la resolución de la condición de agente urbanizador, por incumplimiento». Fuster siguió recordando que en julio del 2015, con el actual equipo de gobierno, después de solicitar un informe externo, de tener el informe del Consell Jurídic Consultiu y de informes técnicos «decidieron quitarle la condición de agente urbanizador. Ahí fuimos todos de la mano porque vimos que no había otra salida». «A partir de ahí siempre hemos sido coherentes y ya le dijimos a la alcaldesa que tendría a los siete concejales del PP para hacer las cosas conforme el criterio técnico». Sin embargo, con los informes técnicos y de intervención con reparos, Fuster no quiso precisar la decisión que van a tomar en la votación del próximo jueves «porque tenemos que analizar primero los contrainformes externos» incidió en que «vemos que hay una inseguridad jurídica», pero finalizó diciendo que «nosotros no vamos a poner palos en las ruedas, dudamos de su forma, pero no por ello vamos a hacer una oposición destructiva».
Recordar que el macroproyecto urbanístico, el cual el jueves podría reactivarse, tendrá una extensión de 2,5 millones de metros cuadrados, incluirá un campo de golf y 6.000 viviendas unifamiliares. Todo el proyecto tendrá un coste cercano a los 100 millones de euros y un impacto de 1.500 millones de euros.
