El gobierno de la Diputación de Castelló, en manos del PP con mayoría absoluta, sigue pisando el acelerador en el apartado de personal en la recta final del mandato. Al frustrado concurso para cubrir 12 vacantes de otras tantas jefaturas de servicio a raíz de una denuncia del sindicato UGT y del Grupo Socialista, se une ahora la convocatoria de las pruebas selectivas para la bolsa de trabajo de Técnicos de Administración General. La sección sindical de UGT observa supuestas irregularidades en la convocatoria y solicita su paralización.
Según UGT, no está justificada la urgencia de la convocatoria ni la limitación a 10 días para la presentación de solicitudes. «El plazo establecido de 10 días naturales para la presentación de instancias para la participación en la convocatoria no se ajusta tampoco al plazo ordinario legal establecido de 20 días naturales, plazo de 10 días que por otro lado es menor al de otras convocatorias efectuadas y publicadas por esta Corporación Provincial», recoge un escrito de UGT.
Las bases para las pruebas selectivas de la bolsa de trabajo de Técnicos de Administración General (TAG) fueron publicadas el pasado 4 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El sindicato UGT presentó el pasado día 6 de este mes un escrito en el que solicitaba que se dejara sin efecto la convocatoria y que se rectificaran las bases «por entenderlas no ajustadas a derecho». A juicio de UGT, la convocatoria incluye «graves deficiencias o errores esenciales» como la falta de concreción respecto a la titulación exigida, el carácter obligatorio o no del segundo ejercicio. práctico Tampoco «constan los criterios de valoración y puntuación de los ejercicios de la fase de oposición, lo que claramente puede derivar en arbitrariedad, algo que prohíbe nuestra Constitución», precisa el documento.
No obstante, la Diputación de Castelló obvió este escrito del sindicato y el pasado día 9 de este mes el BOP recogía la lista de aspirantes a las mencionas pruebas selectivas (126 admitidos y 13 excluidos).
UGT presentará hoy en el registro de la corporación provincial un segundo escrito insistiendo en la retirada del concurso para esta bolsa de trabajo, cuya primera prueba está prevista para el próximo día 29.
El sindicato asegura que no se ha aprobado una lista de aspirantes provisional «y, consecuentemente, tampoco habrá lista definitiva en la que podamos identificar perfectamente a los aspirantes y sus eventuales relaciones de parentesco, amistad o enemistad con los miembros del tribunal, cuyos datos aparecen publicados en el BOP del 4 de abril». «Este modo de proceder atenta contra la competencia del órgano para aprobar la lista definitiva de aspirantes toda vez que dicha competencia, según la legislación básica, es del órgano político y no de un tribunal de oposiciones que 'in situ' resolvería quien puede o no hacer los ejercicios, lo que claramente es una auténtica barbaridad y devendría en la nulidad del procedimiento», añade.
