Con el sargento hemos topado

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El Tribunal Supremo ha anulado la sanción a un guardia civil que se negó a multar a varios coches mal estacionados tras un calentón de su sargento. El mando tuvo un enfrentamiento con la alcaldesa de Antella, que pidió por favor a los dos guardias civiles que no multaran a los coches mal aparcados porque acababan de señalizar la prohibición. El sargento sacó pecho, advirtió a la alcaldesa que él era la autoridad en materia de tráfico y se puso a sancionar. El agente sin galones no colaboró con su sargento y fue castigado con diez días de suspensión de empleo y sueldo.

Los hechos ocurrieron el domingo 3 de julio de 2004 en Antella, un municipio de la Ribera Alta que tiene mil quinientos habitantes. El agente y el sargento estaban destinados en el puesto de la Guardia Civil de Cárcer y acudieron a Antella en un servicio preventivo de seguridad ciudadana.

La patrulla observó a las 13.20 horas que varios coches estaban incorrectamente estacionados en la calle Creu Alta, que se encuentra junto a la zona de bares del pueblo. Los dos guardias se bajaron del vehículo oficial para multar a los propietarios de los turismos mal aparcados.

En ese momento, apareció la alcaldesa de Antella, María Isabel Giménez, y pidió al sargento y al guardia que no denunciasen a los vehículos porque sólo habían transcurrido dos días desde la colocación de la nueva señalización que prohibía aparcar en el tramo donde permanecían estacionados. María Isabel Giménez se comprometió a avisar personalmente a los propietarios de los vehículos para que los retiraran inmediatamente. La alcaldesa, que ayer eludió hacer declaraciones, propuso a los agentes que si los dueños no retiraban los coches a pesar del aviso procediesen a sancionarlos.

El guardia civil sin galones aceptó la propuesta porque le pareció razonable, pero el superior no transigió. El sargento advirtió a la alcaldesa que la Guardia Civil tenía la competencia de tráfico y "procedió acto seguido a extender los boletines de denuncia a los vehículos mal estacionados", según recoge la sentencia.

Tras el incidente, el sargento denunció a su compañero de patrulla por una "falta de subordinación". La Guardia Civil sancionó al agente con un tercio de sueldo en base al parte que elaboró el sargento. El mando apuntó en su escrito que había ordenado al agente que le ayudara a poner las multas y no le hizo caso. El sargento omitió en el informe la intervención de la alcaldesa en el suceso. El guardia civil presentó un recurso contencioso-administrativo contra la sanción al considerar que era arbitraria y que no tenía que ser castigado por el calentón de su superior. El Supremo ha llegado a la conclusión de que la actuación del sargento pudo ser desmedida.