Pese a la inestabilidad política que ha padecido el Ayuntamiento de Chiva, porque Compromís, Vinchi y EU han gobernado con 5 de 15 concejales desde 2015, lo bien cierto es que esta localidad valenciana ha vivido un auténtico milagro económico. Ello ha sido en parte posible porque la oposición ha maniatado al gobierno en minoría encabezado por Emilio Morales (Compromís) y le ha obligado a amortizar deuda con los recursos municipales propios, en lugar de dedicarlos a inversiones. El resultado es -tal como explica el propio Emilio Morales, que ha sido el ganador de las elecciones del 26 de mayo- que quien asuma la alcaldía a partir del 15 de junio «encontrará un ayuntamiento totalmente saneado y con la deuda a cero con los bancos». Esto se traduce en que «el próximo alcalde, que espero ser yo mismo si cuento con los apoyos necesarios, dispondrá de 3,1 millones de euros en caja para gastar más 2,9 millones para destinarlos a inversiones».
Todo ello, añade el alcaldable de Compromís «pese a la herencia económica del PP que nos obligó a pagar hasta 6 millones de euros en deudas a proveedores y otros 6 millones más por expropiaciones y sentencias condenatorias en estos 4 años».
En todo este tiempo, el ejecutivo de Compromís, Vinchi y EU solo ha podido invertir y adjudicar obras subvencionadas por la Diputación y presupuestar el dinero destinado a gasto corriente. El resto se ha destinado a pagar la deuda o intereses porque cada vez que se llevaba a pleno la oposición lo tumbaba o lo fiscalizaba hasta el mínimo detalle.
«La herencia del PP»
Lo cierto es que cuando Compromís accedió a la vara de mando, tras desalojar a José Manuel Haro el exalcalde del PP, Morales y su equipo de concejales ya sospechaban que podrían encontrarse con sorpresas en los cajones. Pero con el tiempo, su primera estimación se ha visto superada para peor.
De hecho, el próximo alcalde recibirá otro regalo envenenado. Deberá pagar 600.000 euros por una nueva sentencia que condena al Ayuntamiento de Chiva a pagar esa cantidad al propietario de unos terrenos que en su momento se compraron para construir el nuevo colegio. Tras pasar varios ejercicios, el dueño instó en el juzgado el pago de lo estipulado en el referido acuerdo, y la justicia le ha dado la razón.
Sirva como ejemplo que el pasado 1 de octubre el Ayuntamiento de Chiva celebró un extenso pleno en el que se aprobó la amortización de un crédito de 2,4 millones que permitieron al consistorio salir del Plan de Ajuste marcado y tutelado por el Ministerio de Hacienda. En 2013, obligados por las deudas a proveedores y por el Ministerio de Hacienda se tuvo que contratar un préstamo a 10 años para pagar esas deudas. En 2018, más de 4 años antes de su vencimiento se pudo devolver completo y ahorrarse 50.000 euros en intereses. Esta nueva coyuntura supone que el consistorio ya tiene libertad para decidir sobre tasas y precios públicos, convocatoria de plazas de trabajadores y otras cuestiones de autonomía municipal que desde 2013 estaban vigiladas por el Gobierno de España. Como curiosidad, en el mismo pleno se aprobó una modificación de créditos para pagar otra sentencia judicial que obligaba a hacer frente a unos intereses por demora de 174.000 euros a la empresa que ejecutó las obras del Barranco en 2009 y 2010.
