Con el final del estado de alarma fijado para la medianoche del domingo, se inicia la «nueva normalidad». Una etapa en la se recupera la plena movilidad, las cañas en la barra del bar y casi todo lo que no se pudo hacer durante más de cuatro meses. También regresa la 'vieja' (normalidad) a la gestión política, esa en la que vuelven las rencillas entre administraciones y partidos políticos, esas que también sufrieron el confinamiento. Y como botón, el nuevo enfrentamiento que han puesto sobre la mesa el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

El ayuntamiento paternero ha remitido un escrito al departamento autonómico en el que le comunica que mañana quedará sin efecto la cesión de uso de la residencia de la carretera de Manises, que el consistorio ofreció a la Generalitat para que dispusiera de ella durante el estado de alarma. Además, insta a desalojar a las personas que allí pernoctan, con el objetivo de trasladar al edificio a los menores del centro municipal del barrio de Alborgí.

La residencia y centro de día para personas con diversidad funcional es un edificio que impulsó el PP con dinero del Plan Zapatero. El complejo, tras una inversión de unos 2,5 millones de euros, tuvo que ampliarse con otros 1,6 aportados por la Diputación en la legislatura pasada, para cumplir con la ratio exigida por la conselleria. El inmueble cuenta con capacidad para 38 internos, más las 64 plazas del centro de día.

No se culminó la cesión

En el año 2018, el consistorio trasladó a la Generalitat la necesidad de disponer de este tipo de servicios en Paterna, ante la demanda existente, y comunicó formalmente su intención de ceder el complejo a la conselleria para que lo equipara y lo gestionara. Pero pese a que las obras concluyeron finalmente en la primera mitad de 2019, la firma del protocolo de cesión del inmueble nunca se produjo, con lo que Paterna sigue siendo su amo y señor. Eso sí, a finales del pasado año, la conselleria dotó al complejo de equipamiento, enfocado a residencia y centro de día para personas con diversidad funcional, por un valor cercano a los 300.000 euros.

Con la llegada del estado de alarma, Paterna propuso ceder la residencia a la Generalitat (25 de marzo) para que pudiera atender a enfermos de coronavirus. Quince días más tarde (10-04) modificó el uso de la cesión: pacientes con la covid-19 que no requieran hospitalización o que precisen de aislamiento. Finalmente, ambas administraciones pactaron que el centro se convertiría en un CATE (Centro de Acogida Temporal de Emergencia), albergado a personas sin hogar.

Pero con la entrada de la Fase 3 y el final del estado de alarma en el horizonte, el Ayuntamiento de Paterna quiere dejar sin efecto la cesión. Así se lo hizo saber a la conselleria en un decreto fechado el pasado lunes, firmado por la teniente de alcalde Nuria Campos. En el documento, la concejala socialista desgrana que con el cese del estado de alarma, el consistorio pretende recuperar el uso de las instalaciones, dado que el número de pacientes hospitalizados está por debajo de cien en toda la C. Valenciana, por lo que las razones por las que se cedió a la Generalitat «han desaparecido». Además, la administración local insta a que antes del lunes, debe desalojar todo el edificio y dejarlo en perfecto estado de conservación.

Y es que el ayuntamiento pretende trasladar de forma temporal al complejo a los menores del centro de Alborgí, de titularidad municipal, hasta que encuentre una nueva ubicación definitiva.

La petición paternera ha cogido por sorpresa a la conselleria, sobre todo, por la premura, ya que en la actualidad unas cuarenta personas sin hogar permanecen en las instalaciones, teniendo que regresar estas personas a la calle, perdiendo los avances logrados durante estos meses. En este sentido, se sorprenden de que esta misma semana, con fecha 18 de junio, recibieron del Ayuntamiento de Paterna la solicitud de una plaza de CATE para una persona sin recurso habitacional.

Sin autorización para ese uso

Además, desde la conselleria deslizan que destinar el edificio a un centro de menores no es viable, ya que no cuenta con la autorización de funcionamiento para esta tipología, con lo que se expone a una infracción grave.

Ambas partes se han citado este lunes a una reunión en la que cada una pondrá sobre la mesa sus intenciones. El serial del enfrentamiento entre Sagredo y Oltra que comenzó por la ubicación de un centro de menores en Montecanyada y que acabó en los juzgados, rueda nuevos capítulos.