La investigación por las agresiones que sufrieron seis guardias civiles del dispositivo policial que escoltó el pasado 18 de octubre a los hinchas ultras del grupo GandiBlues al salir del campo de fútbol de Pego se ha saldado con 14 jóvenes antifascistas pegolinos imputados por desórdenes públicos, desobediencia y atentado a la autoridad y lesiones (no a todos se les acusa de este último delito). Los 14 investigados, que tienen entre 24 y 32 años, lanzaron supuestamente piedras, botellas de cristal, adoquines y una tapa de alcantarilla a los agentes.

Doce de los imputados han declarado ya ante la magistrada del juzgado número 2 de Dénia que instruye esta causa. Los otros dos están citados. La juez los ha dejado en libertad provisional a todos. Los ocho detenidos el martes, que pasaron a disposición judicial al día siguiente, deben acudir al juzgado a firmar cada 15 días. Sin embargo, a los tres últimos antifascistas en declarar, que se presentaron en la mañana de ayer voluntariamente en el juzgado, la magistrada no les ha impuesto ninguna medida cautelar.

La Guardia Civil ha arrestado a nueve de los ahora imputados. Al día siguiente de los incidentes, los agentes ya prendieron a un joven de 24 años. Este martes arrestaron a otros ocho. A los tres antifascistas que motu proprio comparecieron ayer en el juzgado y a los otros dos que están citados no se les ha llegado a detener.

La causa judicial no incluye el delito de odio, que la Guardia Civil sí planteó durante la investigación.

Al final, los antifascistas han pagado entrar en las provocaciones de los ultras que horas antes del partido se pasearon por Pego coreando consignas fascistas. En la concentración del miércoles, en la que medio millar de personas exigió la absolución de los jóvenes pegolinos, se pidió también que se identificara a los radicales llegados de la Safor que descorcharon el odio. El diputado de Compromís Josep Nadal también ha instado a la Delegación del Gobierno a actuar contra los ultras. Pero la policía no puede identificarlos dado que nadie los ha denunciado. Además, en España, al contrario que en otros países europeos, la exhibición de simbología fascista o nazi no está tipificada como delito.