Huelga de hambre en Requena por un aval inmobiliario

Andrés Martínez se siente ante todo agricultor, aunque el problema que le ha llevado a declararse en huelga de hambre no tiene nada que ver con el cultivo de la tierra, sino más con la especulación inmobiliaria. Este empresario requenense asegura ser víctima de los "especuladores", que, según manifestó a Levante-EMV, le han llevado a él y a su familia "a la desesperación, la ruina y el hambre", forzándole a salir a la calle para realizar una protesta pacífica en la que pasará 40 días sin probar un bocado de comida, "para que la gente conozca mi situación y se conciencie de todo lo que me han hecho".

Su particular "calvario" comenzó hace tres años, cuando le dio a una promotora de Requena una opción de compra de unos terrenos de su propiedad incluidos dentro de un Programa de Actuación Integrada que se estaba urbanizando en la población.

El acuerdo contemplaba que la empresa constructora pagaría con viviendas el valor de los terrenos en el momento en el que se hiciera efectiva la adquisición de los solares. En garantía, la mercantil aportó unos pagarés por valor de 330.000 euros.

Según Andrés Martínez, la promotora acudió a una entidad financiera para conseguir un préstamo por el valor de los gastos de urbanización, 600.000 euros, que inicialmente tendría que pagar el propietario del suelo con los pagarés que el grupo inmobiliario le iría proporcionando a medida que el agente urbanizador exigiera los pagos. La constructora para poder financiar estos pagarés solicitó el aval de Andrés Martínez con los terrenos que había incluidos en la opción.

Mientras, el dinero obtenido mediante el préstamo quedaba inmovilizado en una cuenta de la entidad bancaria, a nombre de la promotora, para garantizar los pagos de los gastos de urbanización o, en su defecto, de los pagarés librados por el constructor.

La entidad bancaria libra un certificado en el que confirma a la Agrupación de Interés Urbanístico -que promueve la urbanización del PAI- que dispone de un préstamo para atender de forma "única" e "irrevocable" las cuotas de urbanización, según se vayan presentando.

A pesar de la complejidad, la operación entraba dentro de las prácticas habituales del sector inmobiliario y por supuesto dentro de la legalidad. Los problemas llegan cuando la constructora no empieza a librar los pagarés de los gastos de urbanización y es el propietario de los terrenos quien comienza a hacerlos efectivos, hasta que deja de pagar al quedarse sin financiación.

Ante la falta de pago, los promotores del PAI acuden a la entidad financiera y exigen el pago de 180.000 euros a cargo del préstamo que concedió la entidad a la constructora para pagar los costes de urbanización. Finalmente, la operación urbanística acaba mal.

La constructora no formaliza la compraventa ni cancela el préstamo hipotecario. Sin embargo, Andrés sigue sin recibir el dinero de los gastos de urbanización, pero tampoco puede disponer de su parcela en el PAI, ya que es el aval de la operación de crédito que la constructora formalizó con la entidad bancaria.

"Estoy desesperado, la propiedad es mía pero no puedo hacer uso de ella, ni siquiera para por formalizar otro crédito para hacer frente a los gastos de urbanización que me sigue exigiendo", matizó.