Los menores no están suficientemente protegidos en su uso cotidiano del ciberespacio y sus redes sociales aunque cada vez son mayores los controles que se ejercen o los filtros que se usan para evitar acosos. Incluso, ellos mismos son a la vez víctimas y verdugos al tiempo que,por su inmadurez, pueden caer en la red sin buscarlo.

«Son poco conscientes de los riesgos o agresiones que producen. En muchas ocasiones, los menores son víctimas de desproporcionados abusos "on line" debido al anonimato de la red y, otras, son verdugos infractores vulnerando los derechos de compañeros o profesores cuando cuelgan sus fotos» afirmó ayer el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, en el seminario «Protección de datos, tecnologías de la información y sistema educativo» que coordina en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Valencia y modera Ricard Martínez, del mismo organismo.

Este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castelló, considera que «habría que pedir mayor responsabilidad a los padres o tutores en la orientación de los menores en Internet para que conozcan mejor cómo usar esta herramienta tecnológica».

La «asignatura pendiente» es la verificación de los menores en la red, en opinión de Artemi Rallo, para evitar situaciones de desprotección. Por eso, la agencia que él dirige recomienda el uso del DNI electrónico para que se pueda autentificar la firma. No obstante, recordó que la legislación española lo exige pero algunas redes sociales «no se lo han tomado en serio». De hecho, destacó la «magnifica colaboración» de Tuenti, y no tanto la de Facebook, que es norteamericana, aunque ha modificado su política de acceso al pasar de la edad de13 a los 14 años.

La legislación española diferencia entre los que tienen los 14 años, con plena capacidad para para obrar en la difusión de datos, de los menores de esa edad.

El director de esta agencia estatal se refirió a otras cuestiones como el uso de datos escolares en los procesos de admisión de alumnos —se dictó en contra de un centro que hizo pública la lista en su tablón con la condición de discapacitado de un menor— o de otro que abandonó los datos, fotos, direcciones de sus estudiantes en la vía pública.

También recordó el caso del instituto de Abastos de Valencia, que colocó 24 cámaras, algunas en los baños. Los sistemas de videovigilancia en los centros educativos suelen ser «dudosos y desproporcionados, incluso si existen razones de integridad o seguridad que amparen esta salto invasivo para la intimidad» afirmó Rallo. «Igual de desproporcionada» es la instalación de tornos o de comprobación de huellas como control de acceso en los institutos aseguró.

Por su parte, el capitán de la Sección de Delitos contra Menores y Explotación Sexual de la Guardia Civil, Carlos Igual, alertó de que la «corta edad de consentimiento sexual en España (13 años) supone un problema para perseguir acosos, como el "grooming"», que consiste en ganarse la confianza del menor para intentar obtener material gráfico comprometido.