La matriz del entramado para captar ayudas de cooperación, la Fundación Solidaria Entre Pueblos, no sólo controlaba los informes y las facturas de las empresas que debían contratar las ONG subvencionadas por el Consell, sino que incluso tenía poderes en cuentas compartidas con estas entidades mediante las que se efectuaban los ingresos y pagos. Así se desprende de la documentación —14 gigas de papeles, e-mails, extractos bancarios— remitida ayer a la Fiscalía Anticorrupción, junto con un escrito de denuncia, por el grupo de Compromís en las Corts. La portavoz adjunta Mireia Mollà acusó al conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, de «avalar» estos manejos y, en concreto, señaló la «relación directa de una persona del gabinete técnico de Blasco con la fundación Entre Pueblos» que revela, dijo, el «trato de favor» a esta entidad «para que gestionara proyectos a fundaciones más pequeñas para darles después las ayudas».
Compromís ha presentado la denuncia al fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, como añadido a la que ya formuló el PSPV por la supuesta compra de pisos con fondos de cooperación. Tal como ha publicado Levante-EMV, la coalición denuncia una «trama de fundaciones» en la que las empresas que son patronos de la fundación Entre Pueblos —Arcmed y Dinamize— «acaban siendo beneficiarias de buena parte de los recursos» otorgados por la conselleria de Blasco. Para ello «utilizaron» ONG con escasos medios, a las que facilitaban casi todo, informes, facturas, gestiones, y a las que hacían contratar con esas firmas, que se llevaron unos 2 millones de los más de 4 en subvenciones, cifró. Mollà recalcó el papel de «enlace» de un miembro del gabinete de Blasco («que no es funcionario») entre la conselleria y Entre Pueblos, una relación avalada con intercambio de e-mails y que iba a actos «donde públicamente se ha dicho que era el representante de la conselleria».
El control de la matriz era tan estrecho, según Mollà, que hasta «manejaban las cuentas compartidas» con las ONG, como lo prueba, añadió, las notificaciones de la fundación Ceiba al banco ordenando pagos, donde junto al entonces presidente, Juan P. Ebang, tiene firma José Bollaín, secretario de Entre Pueblos. Uno de ellos incluye el pago de 72.768 euros en «personal, manutención y viajes» a la propia fundación matriz. Se da la circunstancia de que Ebang estuvo «en nómina, a 1.300 euros al mes, de Entre Pueblos», resaltó Mollá. La diputada mostró un escrito similar de Fudersa, así como la autorización del presidente de Entre Pueblos, Alfonso Navarro, a Bollaín para firmar en las cuentas mancomunadas con otras ONG.
Incumplen la ley de fundaciones
No sólo eso. Entre Pueblos, censuró Mollà, se presentaba como «responsable» de proyectos que, en realidad, estaban subvencionados a otras ONG. Así, citó la carta al Ministerio de Guinea Ecuatorial en el que alude a «nuestro proyecto», en referencia una actuación de la entidad Ceiba. Por ello, denunció que se ha incumplido la ley de fundaciones que impide, salvo autorización del Protectorado de la Generalitat, que estas entidades contraten, directa o indirectamente, con empresas de sus mismos patronos. En algunos casos, las ONG firmaban un convenio de colaboración con la matriz, con lo que la relación con el proyecto es directa. La coalición pedirá una auditoría al Tribunal de Cuentas y una comisión de investigación en las Corts.
Servicios que cuestan 2.400 euros en un país y 23.000 en otros
Compromís denunció la existencia de facturas hinchadas, duplicadas y hasta «fabricadas». Según dijo, desde Entre Pueblos «se fabricaban» los documentos de pago de las firmas con las que debían contrataban las ONG. Como ejemplo, dijo que la misma empresa, Dinamize, facturó cursos de formación en la República Dominicana a 2.413 euros mientras las actuaciones de formación en Guinea Ecuatorial las cobró a 22.421euros. Seis talleres, 134.527 euros.
También aportó facturas «idénticas» y por el mismo importe, 40.214,88 euros, de la firma Desfa —cuyo presidente, Joaquín Blasco, Mollá relacionó con un familiar del conseller— a la fundación Fudersa, para sendos informes sobre el empleo de la mujer en el campo en diferentes poblaciones, Malabo y Yamasá. En otro caso, denunció que se quiso cobrar «por triplicado lo mismo», en referencia a tres estudios topográficos en la misma zona.
