Pocas compañías han conocido un crecimiento tan espectacular como el registrado por el Grupo Cívica entre los años 2003 y 2008. En apenas un lustro, las empresas de uno de los principales imputados en el caso Brugal, Enrique Ortiz, multiplicaron por cinco su volumen de activos al pasar de 194,3 millones de euros a más de 1.035 millones, unas cifras más propias de las denominadas compañías punto.com que de una empresa de la economía tradicional.
Sin embargo, como queda claro en las cuentas consolidadas que el grupo ha depositado en el Registro Mercantil hasta la fecha, el crecimiento de Cívica se debe a las concesiones que ha logrado en este tiempo, a las numerosas uniones temporales de empresas (UTE) -más de 30- que ha formalizado para optar a concursos públicos y, sobre todo, a la enorme cantidad de solares y terrenos que ha logrado acumular, precisamente uno de los motivos por los que se le está investigando.
En este sentido, mientras que en el año 2003 Ortiz declaraba la posesión de terrenos por valor de 76,4 millones de euros, apenas cinco años después la cifra ascendía a más de 541 millones de euros, más de 90.000 millones de las antiguas pesetas. Aunque la evolución ha sido prácticamente constante, el mayor salto se dio entre los años 2005 y 2006, cuando Cívica incorporó 370 millones de euros en suelo.
Las fechas coinciden con la adjudicación al empresario, en abril de 2005, del Plan Rabasa, un macroproyecto que comprende la construcción de 13.500 viviendas sobre una superficie de más de cuatro millones de metros cuadrados en la ciudad de Alicante. También fue en 2006 cuando el constructor se adjudicó casi 140.000 metros de suelo junto al parque temático Terra Mítica, por los que pagó unos 85 millones de euros.
En Benidorm, Ortiz también figura como urbanizador del polémico PAI de Armanello, de más de 600.000 metros, que acabará con el último rincón de huerta de este municipio. Otro de sus macroproyectos pendientes es un PAI en la localidad valenciana de Manises, donde se prevén otras 10.000 viviendas.
Así, no es de extrañar que sólo un 15,3% del suelo que posee sean solares urbanos, mientras que el 79,3% son terrenos declarados urbanizables pero todavía por acondicionar, como sería el caso de los citados PAI. Otro 5,4% corresponde a suelo rústico.
El negocio está en lo público
La cifra de negocio del Grupo Cívica muestra varias oscilaciones a lo largo del citado periodo, propio de una empresa que depende de las adjudicaciones y de una actividad cíclica como la construcción. Así, de los 165 millones de euros que declara en 2003 pasa a solo 92,3 millones al año siguiente. Posteriormente la cifra va aumentando hasta alcanzar los 216 millones en 2007, para de nuevo caer a 142 millones en 2008. En 2009 la empresa asegura haber facturado más de 2o0 millones, aunque estas cuentas aún no están depositadas en el Registro Mercantil por lo que todavía no son oficiales ni hay detalles de ellas.
Lo que no varía es la tendencia a que el sector público aporte cada vez un mayor porcentaje de esta facturación. En el 2003 los clientes privados sumaron más del 80% de los ingresos netos del entonces todavía Grupo Ortiz, una situación que cambió radicalmente en los siguientes ejercicios. La cifra cayó al 61% en 2004 y al 29% un año más tarde. En el 2006 los "clientes públicos" ya generaban tres de cada cuatro euros que entraban en caja. Desafortunadamente, la firma dejó de incluir esta distinción en sus cuentas anuales consolidadas a partir del año 2007.
Para lograr las adjudicaciones, Enrique Ortiz no tiene empacho en aliarse con quien sea necesario y cada vez son más las uniones temporales de empresas (UTE) en las que el grupo está implicado. En el último periodo con datos ya eran 32. Estas alianzas le han permitido estar en muchas de las grandes obras de la Comunidad, sobre todo aquellas que dependen del Consell.
Así, ha participado en la construcción de los nuevos hospitales de Elche y Torrevieja; en la estación del Tram de Luceros y en la línea 2 de este mismo servicio; también forma parte de la UTE que realizó la línea 3 del Metro de Valencia o en la edificación de varios equipamientos en Ciudad de la Luz.
Intereses en Ibiza y Murcia
Fuera de la Comunidad, el empresario alicantino ha conseguido mediante estas uniones la concesión de la autopista Ibiza-San Antonio y algunos tramos del tranvía de Murcia, otro de los asuntos que ahora le está provocando dolor de cabeza, ya que diversas conversaciones contenidas en el sumario del caso Brugal cuestionan esta adjudicación.
Precisamente, otra forma de asegurar ingresos que ha encontrado Enrique Ortiz son las concesiones de servicios, que ha incrementado de siete a once. El grupo ya gestiona de forma directa o indirecta seis "parkings" en Alicante, San Vicente, Alcoy o Valencia. Otra de sus inversiones más rentable es su participación en Inusa, la compañía que se encarga de la recogida y el tratamiento de la basura en la capital de la provincia. También construyó y ahora explota por este sistema la estación de autobuses de Benidorm e incluso participa, aunque con sólo un 5% del capital, en la gestión del anteriormente citado nuevo hospital de Torrevieja.
En suma, la gestión de diversos servicios le reportaron 47 de los 142 millones que facturó en 2008. Sus negocios a través de UTE supusieron otros 60,6 millones, otras actividades de construcción 32,4 y la venta de promociones sólo 1,3 millones.
Una deuda también en aumento
El tremendo ritmo de expansión que ha experimentado el volumen de activos del Grupo Cívica durante los últimos años también ha tenido un importante precio que pagar: un nivel de endeudamiento que asustaría a más de un empresario pero que Enrique Ortiz parece sobrellevar con bastante tranquilidad. En el año 2003 el entonces Grupo Ortiz disfrutaba de una situación casi idílica. Con una facturación de 165 millones de euros y unas existencias de 97 millones, apenas debía a los bancos 18 millones de euros. Entonces empezaron las compras masivas de suelo y Enrique Ortiz tuvo que recurrir a nuevos y mucho más cuantiosos préstamos, una estrategia, por cierto, bastante generalizada en el sector.
Así se llegó a 2008, cuando la situación era muy distinta. Los activos superaban los 1.000 millones de euros pero la deuda acumulada rozaba los 624 millones de euros (104.000 millones de pesetas). De este total, unos 252,6 eran préstamos a corto plazo mientras que la mayoría, unos 371 millones de euros, eran créditos a más largo plazo, según consta en las cuentas anuales que la propia compañía entregó al Registro Mercantil, tal y como marca la legislación vigente.
En cualquier caso, el grupo siguió declarando unos beneficios de más de 5,2 millones de euros ese mismo año. En los últimos seis ejercicios las ganancias del Grupo Cívica superaron los 64 millones de euros, siendo 2007, con 17,4 millones, el año con mejores resultados hasta la fecha. d. navarro alicante
