El Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo ha condenado a España por incumplir la directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes. De los 37 incumplimientos detectados en España, seis -más del 16 por ciento-se sitúan en el litoral turístico valenciano.
Tras esta sentencia condenatoria, la Comisión Europea puede exigir la imposición de sanciones económicas diarias, tal como hizo a raiz de los retrasos en las obras de la depuradora de Motilla (Sueca).
La conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo que dirige Juan Cotino, aseguró ayer que la mayoría de las depuradoras ya se encuentran construidas, en obras o en fase de proyecto.
Sin embargo, las obras llegan tarde en una comunidad que con frecuencia se presenta a si misma y con frecuencia como "líder en depuración y reutilización" de aguas residuales. La directiva 91/271 de 21 de mayo de 1991 es muy clara en cuanto a los plazos y establecía en su artículo 3 que las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes equivalentes (h/e) debían disponer de colectores antes de 2000 y antes de 2005 las poblaciones que tuvieran entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes. Además, antes del 31 de diciembre de 2000 debían depurarse todas las aguas en municipios o poblaciones con más de 15.000 h/e y antes de finalizar 2005 las situadas entre 10.000 y 1.000.
El Tribunal Europeo ha condenado a España, entre otras razones, por no tener a tiempo los colectores de Alcossebre y por carecer de adecuados sistemas de depuración en Alcossebre, Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Teulada-Moraria y Elx (Arenales).
Una portavoz del departamento autonómico explicó que la depuradora de Vinaròs, sobre cuya eficiencia siembra dudas la Comisión Europea, se encuentra "finalizada y en funcionamiento desde 2008". También "finalizada" aunque en fase de pruebas todavía se encuentra la de los Arenales de Elx. En Alcossebre y Benicarló ya han comenzado las obras mientras que en Peñíscola se ha adjudicado obra y proyecto (ya redactado).
Finalmente, en Moraira-Teulada, se adjudicó obra y proyecto, que está sometido ahora "a revisión.
Fuentes de Ecologistas en Acción, que han facilitado abundante información a la Comisión Europea sobre los incumplimientos detectados en el litoral valenciano, se felicitaron por la sentencia y dijeron que permanecerán "vigilantes" para evitar "nuevos incumplimientos".
Proceso
La Comisión Europea (CE) envió en 2008 la última advertencia a España al considerar que este país incumplía la normativa, y tras no recibir una respuesta satisfactoria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, decidió llevar el caso al tribunal de Luxemburgo. El tribunal ha desestimado los avances defendidos por España en las aglomeraciones urbanas , al considerar que en algunos casos España no ha acreditado debidamente el cumplimiento de la normativa europea, y que en otros tampoco ha demostrado que las mejoras se realizaran dentro del plazo fijado.
España ha sido condenada en costas y deberá ahora tomar las medidas necesarias para cumplir la normativa europea, pero si la Comisión estima que no lo hace en un plazo razonable, podrá llevar de nuevo a este país al Tribunal de la UE y solicitar una sanción más importante.
