Tras la enmienda a la totalidad que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hizo a sus consellers de Sanidad y Justicia, que en los últimos días se habían mostrado favorables a implantar fórmulas de copago en los servicios públicos, los titulares de ambos departamentos matizaron las propuestas lanzadas en días anteriores. El conseller de Sanidad, Luis Rosado, descartó ayer la aplicación de fórmulas de copago en la sanidad y defendió la concienciación ciudadana como la medida adecuada para conseguir frenar la asistencia frecuente de pacientes a los centros sanitarios. Rosado respondió así a preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa en la que presentaba la campaña preventiva contra el consumo de alcohol "El alcohol puede esperar". Rosado explicó que las fórmulas de copago "pueden considerarse desde un punto de vista recaudatorio", y en ese caso las ha rechazado porque el copago recaudatorio corresponde a "impuestos encubiertos" y la Generalitat, "en este momento, no es partidaria de elevar los impuestos" en la Comunitat Valenciana. Rosado tampoco apoya el copago como una medida disuasoria para evitar la frecuentación de los pacientes en centros sanitarios, como existe por ejemplo en Italia, pues asegura que "no existen estudios claros que demuestren que se puede reducir [la frecuencia] sólo por estas medidas".
El conseller defiende la necesidad de concienciar al ciudadano para hacer un uso correcto de los servicios sanitarios, y opina que la corresponsabilidad es "el elemento principal para conseguir que la gente utilice los servicios sanitarios de forma adecuada". Y añade que la fórmula del copago "no es una corresponsabilidad autonómica", sino "un debate que sólo debe plantearse a nivel estatal".
Por su parte, el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, también aseguró ayer que el copago en la justicia "no es un planteamiento del Consell en estos momentos" y agregó que las "únicas tasas" judiciales que hay en España "son las del Gobierno socialista, las del Gobierno Zapatero y las del propio señor Blanco", a quien pidió que explique "si es un chiste" el pago de 50 euros que tiene que afrontar "cualquier ciudadano" para ejercer su derecho a recurrir y que fue establecido por el Ejecutivo socialista. Cabré obvia que la primera ley que recuperó las tasas (tras ser suprimidas en 1986 por los socialistas) se aprobó en 2002 cuando gobernaba José María Aznar.
Jorge Cabré se pronunció de este modo sobre las reacciones a sus declaraciones en las que abogaba por abrir un debate sobre el pago de una tasa para lograr "calidad y rapidez" en la justicia, y especialmente a las realizadas por el ministro de Fomento, José Blanco, quien las tildó como "una broma", tras una visita el Centro Mujer de ayuda a víctimas de malos tratos, junto a la alcaldesa de Dénia (la Marina Alta), Ana Kringe. Cabré, quien quiso insistir en que el establecimiento de tasas "no es un planteamiento del Consell en estos momentos", pidió explicaciones a Blanco sobre el acuerdo de un Consejo de Ministros en 2009 de "establecer el depósito o la tasa para recurrir", por el cual "cualquier ciudadano, salvo los que están sujetos a la asistencia jurídica gratuita, que quiere hacer uso de su derecho a recurrir una sentencia, que es un derecho básico" debe pagar 50 euros.
El chiste de los 50 euros
"Las únicas tasas judiciales son las del Gobierno de Zapatero y del señor Blanco", asestó Cabré. Así, quiso resaltar, "el gobierno Zapatero estableció una tasa, si se trata de un recurso de apelación o casación, de 50 euros, simplemente por acceder a su derecho a la justicia". "Esto qué es, un chiste", ha preguntado Cabré, quien ha pedido a Blanco que "recuerde los acuerdos del consejo de ministros del que formó parte" porque "el único que en este país ha puesto tasas en justicia fue precisamente el Gobierno socialista". El conseller ha opinado, de esta forma, que es Blanco "quien tendrá que explicarse y decir si eso también le parece una broma".
Cabré se enmendó a sí mismo y aseguró que las declaraciones que realizó "con toda prudencia" iban encaminadas a "abrir un debate" por lo que se mostró favorable a "dialogar sobre ese tema y cualquier otro". Sin embargo, "efectivamente no es ese el planteamiento del Consell en este momento como bien dijo el presidente Fabra lo que sí tenemos sobre la mesa ahora, lo otro es un debate, es lograr una financiación de la Justicia acorde a nuestras necesidades". Cabré aseveró que el Consell "en ningún momento se ha planteado esa posibilidad" porque se trata de "un debate a nivel estatal: la competencia para el establecimiento de esas tasas corresponde al Estado y no a las comunidades autónomas".
"Rajoy ha obligado a Fabra a ocultar el copago generalizado que prepara"
El portavoz adjunto del grupo socialista en las Corts, Francisco Toledo, aseguró ayer que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "ha obligado" al jefe del Consell, Alberto Fabra, a que "siga mintiendo y oculte el copago generalizado que prepara para los servicios públicos, para las urgencias, la sanidad, la justicia y la educación". Toledo cree que "cuando Fabra dice "prematuro", quiere decir en realidad "después de las elecciones generales" del 20-N". Toledo cree que Fabra "está mintiéndonos, por orden de Rajoy, quien no quiere que nadie haga ni diga nada que pueda comprometer su campaña del 20-N". A su juicio, el jefe del Consell "nos oculta su verdadero plan: subir los impuestos para que, entre todos, paguemos el despilfarro, el exceso y la corrupción de los últimos 15 años del PPCV". Toledo recuerda que los populares "ya han aprobado una subida de las tasas universitarias del 7,4%, preparan el copago en urgencias hospitalarias, en la administración de Justicia y valoran exportar tasas como la de las basuras a la Comunitat Valenciana que es el laboratorio económico donde probar los recortes sociales que Rajoy quiere aplicar a España". El portavoz de Compromís en Morera también ha animado al nuevo jefe del Consell a oponerse al copago en sanidad y en justicia porque "es un impuesto indirecto y no es la solución a nuestros problemas económicos". A su juicio, "la solución es pedir un nuevo pacto fiscal con el Estado,como defendemos desde Compromís, porque somos más que en otras autonomías y recibimos menos del Estado" y eso, "desde un punto de vista legal es inconstitucional porque se nos está discriminando". levante-emv valencia
Revela que negocia con los proveedores
Sobre el pago de la Generalitat a sus proveedores sanitarios, el conseller de Sanidad Luis Rosado explica que su departamento ha mantenido una reunión con ellos en la que se ha concluido que tendrán otra reunión próximamente para "mantenerse en la misma situación" porque se necesitan "unos a otros" para satisfacer las necesidades sanitarias y los pagos de los servicios. Rosado explica que Sanidad ha mantenido una reunión con la empresa de mantenimiento y limpieza del nuevo Hospital La Fe para funcionar como intermediario entre la empresa y los trabajadores y conseguir que el pago de las mensualidades atrasadas a los trabajadores se haga efectivo. Preguntado por la huelga de farmacéuticos en Castilla-La Mancha y la posibilidad de que una situación similar se diese en la Comunitat Valenciana, Rosado recuerda que las conselleries de Sanidad y de Hacienda han mantenido reuniones con los farmacéuticos en los últimos meses y "no se prevé que exista ninguna conflictividad", ya que existen "métodos suficientes para que colegios de farmacéuticos y Administración consigan el pago de forma adecuada". Sobre el uso de la antigua Fe, Rosado dijo en una entrevista en la Cadena Ser que ha pactado con los vecinos de Campanar mantener un equipo de urgencias en las antiguas instalaciones.
Ley sobre violencia contra la mujer
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, adelantó ayer que el próximo trimestre informará al pleno del Consell sobre el anteproyecto de ley integral contra la violencia sobre la mujer de la Comunitat Valenciana. El documento "incluirá las aportaciones efectuadas por la comisión especial para el estudio de la violencia de género de las Corts". El Consell se compromete con esta ley a ofrecer a las mujeres atrapadas en este tipo de violencia "una respuesta integral a su situación que engloba la denuncia al agresor, el apoyo a las víctimas y a su hijos, y la integración sociolaboral". El conseller aseguró en Dénia que la futura ley autonómica incluirá, entre otras novedades, un amplio concepto de víctima y violencia de género puesto que, respecto a la ley estatal, introducirá otras manifestaciones de violencia sobre la mujer como la que se ejerce en el ámbito laboral o la que se ampara en algunas tradiciones. Se reconocerá como víctimas a las mujeres que sufren violencia física, psicológica y sexual, independientemente de que haya o no relación conyugal, de pareja afectiva, parentesco o de trabajo con el agresor, así como económica, dentro de la pareja o en los casos de ruptura de la relación. También recogerá los casos de mutilación genital u otras prácticas culturales que perjudiquen a la mujer, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
