Los 19 de los 29 candidatos a jurado que el azar quiso ayer que permanecieran en el TSJ-CV para ser entrevistados por los abogados de las partes fueron sometidos a un auténtico tercer grado. Los interrogatorios se prolongaron durante diez horas; desde las 10 horas hasta las 21.30 con un receso de dos horas para comer. El examen fue una experiencia tan inesperada como incómoda, ya que algunas de las preguntas que formularon los abogados afectaban al ámbito de las convicciones personales. Cuestiones como la ley del aborto o la ley de matrimonios homosexuales fueron planteadas por los letrados €en concreto por la acusación particular ejercida por el PSPV€ para tratar de dilucidar las preferencias ideológicas de algunos de los ciudadanos preseleccionados. Al parecer, no se sometió al mismo cuestionario a todas las personas. A algunas directamente se les inquirió sobre sus preferencias políticas y a otras sobre el diario que leían.
Unas partes y otras, sobre todo la acusación particular y la defensa de Camps y Costa fueron meticulosos en los interrogatorios, conscientes de que en manos de los candidatos está el veredicto de culpabilidad o inocencia. Tras las preguntas, se ejerció el derecho a la recusación. Cada parte rechazó a dos personas hasta que el jurado quedó finalmente constituido por nueve personas y dos suplentes. En concreto, seis hombres y tres mujeres. Los dos suplentes son un hombre y una mujer. Sobre las 22.30 horas de la noche, los miembros del jurado procedieron al juramento.
Durante las entrevistas no sólo hubo preguntas de índole personal. El abogado del PSPV, según las fuentes consultadas, también planteó temas relacionados con los procesos de contratación, probablemente para intentar sondear a los ciudadanos sobre su opinión respecto a casos de favoritismo en la Administración u otros casos de corrupción. La situación de las finanzas públicas, y, en concreto, de la deuda, también fueron temas que a priori interesaron a los abogados de la acusación particular.
Por su parte, los letrados de las defensas de Camps y Costa centraron parte de sus preguntas en tratar de discernir la opinión de los ciudadanos sobre los regalos y la clase política. El objetivo era común: tratar de dibujar el perfil del candidato.
Cabe recordar que tanto el abogado de Camps como el de Costa solicitaron a finales del mes pasado la recusación de una precandidata por haber ido en las listas del PSPV en Alpuente durante las elecciones municipales como independiente. Sin embargo, el escrito fue rechazado porque se presentó fuera de plazo. La aspirante fue una de las ayer se quedó fuera del tribunal del jurado.
El proceso de selección del jurado arrancó con 36 elegidos el pasado 26 de octubre, seleccionados con un bingo de juguete entre los más de 2.000 que la Audiencia de Valencia preselecciona cada dos años para formar parte de un jurado popular. Cualquier ciudadano puede participar si tiene nacionalidad española, es mayor de edad, sabe leer y escribir y carece impedimentos físicos o psíquicos.
El tribunal aceptó la pasada semana las excusas presentadas por siete personas por motivos de enfermedad, por ser mayores de 65 años y por embarazo.
