El tijeretazo de algo más de 1.000 millones de euros aprobado el pasado viernes por el Ejecutivo de Alberto Fabra tendrá un efecto inmediato en el bolsillo de los valencianos y no sólamente para aquellos que disfrutan de las rentas más altas. La rectificación en la política de bonificaciones fiscales supondrá que miles de valencianos con rentas medias pierdan el derecho a percibir ayudas por el nacimiento o adopción de hijos, ser familia numerosa o para conciliar la vida laboral y familiar. Los contribuyentes discapacitados serán también víctimas del zarpazo a las deducciones fiscales al que el Consell se ha visto abocado ante la grave crisis de liquidez de las cuentas públicas. Hasta ahora todos estos colectivos disfrutaban de una serie de bonificaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF con independencia de su nivel de renta.
A partir de ayer, en que el decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit entró en vigor con su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), aquellos cuya base liquidable de ahorro sea superior a los 24.000 euros en tributación individual o 38.000 euros en tributación conjunta perderán el derecho a estas deducciones. En otras palabras, aquellos cuyas retribuciones mensuales netas se encuentren entre los 1.400 y los 1.500 euros se quedarán fuera de estas bonificaciones fiscales.
El recorte en las deducciones fiscales forma parte del paquete de medidas aprobadas de manera urgente por el Consell que tienen que ver con la fiscalidad y que, tal como ha ido informando este diario, incluye duplicar el céntimo sanitario. El titular de Hacienda, José Manuel Vela, informó de la imposición de límites de renta en las bonificaciones, pero el detalle del listado de ayudas afectadas se ha conocido con la publicación del decreto. Las familias con hijos, las mujeres trabajadoras y las personas con minusvalía serán las más afectadas. A lo largo de los años los diferentes gobiernos del PP han ido introduciendo a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat diferentes bonificaciones a estos colectivos. La protección fiscal a las familias, sobre todo a las numerosas, ha sido santo y seña de la política del PP y ha acompañado los discursos y el programa electoral del partido de la gaviota en las sucesivas convocatorias electorales.
De hecho, algunas de estas bonificaciones se convirtieron en su día en promesas estrella, como es el caso, de la ayuda a las mujeres que trabajan fuera del hogar para conciliar su vida laboral y familiar prometida por el expresidente Francisco Camps. Es más, año tras año, el Consell sacaba pecho por sus políticas de deducciones con vistosas campañas de publicidad en la que se promocionaban las ayudas a los valencianos a través del Impuestos de la Renta.
En concreto, a partir de ahora los contribuyentes valencianos con una renta superior a los 24.000 euros ya no podrán deducirse las ayudas por nacimiento o adopción de hijo que ascendían a 270 euros por hijo durante los tres años siguientes al nacimiento. Tampoco tendrán opción a deducirse 224 euros cuando se trate de nacimientos o adopciones múltiples o los hasta 275 euros que podían descontarse las familias que tenían hijos con discapacidad física o sensorial.
Por otro lado, las ventajas fiscales que disfrutaban en la Comunitat Valenciana las familias numerosas se ven reducidas. Sólo las rentas más bajas podrán seguir beneficiándose de la deducción de hasta 464 euros. Por su parte, las madres trabajadoras con un sueldo neto mensual de unos 1.400 euros ya no podrán aplicarse el descuento de 418 euros por cada hijo mayor de entre tres años y menor de cinco años. También pierden derechos los discapacitados mayores de 65 años.
Más de 278.000 contribuyentes
La letra pequeña de las medidas fiscales evidencian que el Consell no sólo ha sacrificado a las rentas más altas con la incorporación de dos nuevos tramos en el impuesto. Las estadísticas de la Agencia Tributaria revelan que un grupo importante de contribuyentes valencianos se verán afectados. Según los últimos datos, referentes al ejercicio de 2009, un total de 278.000 liquidaciones estaban comprendidas en el tramo del tope legal de los 24.000 euros.
