30 de enero de 2012
30.01.2012

El Consell reconoce 12.000 expedientes de la dependencia sin resolver

Los afectados piden que el presupuesto de la empresa pública que gestiona las ayudas se destine a resolver las solicitudes atrasadas desde 2009

30.01.2012 | 02:49

Los últimos ajustes del Consell en Sanidad y Educación han causado que las primeras alarmas ya se hayan encendido entre los agentes sociales de la C. Valenciana. Vienen tiempos duros y la poda de entidades dependientes de capital público planeada por la Generalitat alcanza a un total de 46 sociedades. Muchos son los ciudadanos afectados que no saben cómo ni dónde canalizarán sus peticiones en el futuro. Más aún son los que desconocen si recibirán las ayudas aprobadas.
Sin embargo, algunas sociedades se salvan de la quema. Tal es el caso de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), cuya continuidad fue ayer asegurada por fuentes de la conselleria de Bienestar Social a Levante-EMV. Desde la Generalitat definieron como "rentable" a la firma que se encarga de gestionar las resoluciones de la ley de Dependencia y confirmaron que en junio del año pasado se llevó un ajuste de personal que "garantiza el futuro". En 2010 contaba con 181 empleados, que acarrearon un gasto de 6,1 millones de euros a las maltrechas arcas de la Generalitat y su encomienda de gestión cuesta cerca de dos millones.
La apuesta por una firma paralela que resuelva los expedientes fue criticada ayer por la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana. S. C, abogada de la entidad, explicó que "hay expedientes aprobados desde hace tres años y la Generalitat aún no ha pagado nada a los peticionarios, ¿Para qué sirve gastarse dos o tres millones de euros en la empresa que resuelve las peticiones si luego no pagan las ayudas?... ese dinero debería ser invertido en la gente que lo necesita y no en empleados de la Generalitat que cobran un buen sueldo"
Los gestores de la plataforma participaron el pasado 17 de enero en una reunión con el conseller de Bienestar Social, Jorge Cabré, el secretario autonómico de Bienestar Social, Joaquín Martín y la directora general de Dependencia, Pilar Albert. En el encuentro, Martín reconoció que Avapsa cuenta con 12.000 solicitudes atrasadas. La portavoz jurídica de la entidad apuntó que "admitieron la tardanza y nos dijeron que no disponían de dinero para resolver los expedientes pendientes desde hace tres años; piden paciencia a la gente y a las entidades pero hay muchos ciudadanos en una situación límite".

Queja al Síndic de Greuges
La tardanza en la tramitación de las ayudas choca con el decreto que el Consell aprobó el 3 de marzo de 2011 sobre la resolución de los expedientes, que acortaba de nueve a seis meses el plazo para la aprobación. La plataforma presentó una queja al Síndic de Greuge en diciembre del año pasados. Su portavoz jurídica declaró que "la nueva normativa no ha cambiado nada, obvian lo que dice su propio decreto".

90 años y una ayuda de 2010 que no llega

La polémica situación que vive la Ley de la Dependencia en la C. Valenciana desde su aprobación hace seis años ha sido motivo de disputa entre los partidos políticos mayoritarios, que se acusaban de torpedear el desarrollo de la normativa y de falta de financiación. Sin embargo, detrás de las grandes cifras de los impagos se esconde la realidad de muchas familias que sobreviven en una situación límite. Tal es el caso de Teresa Lucas y Manuel Marco, residentes en Crevillent. Desde 2010 cuentan con la aprobación de una ayuda de grado máximo. Sin embargo, el dinero no llega. Teresa tiene 90 años de edad y las dos piernas amputadas. En 2007 se fracturó la cadera y desde entonces no ha vuelto a andar. Su diabetes, también tiene problemas de visión y oído, y la imposibilidad de mover las piernas causaron varias infecciones, que llevaron a los médicos a amputar ambas extremidades. Hoy su rutina se define entre la cama y el sillón relax. Y solo cuenta con la atención de su marido de 92 años de edad, que la cuida durante 24 horas al día, y de sus hijos. En 2007 se trasladaron al piso de uno de sus descendientes y desde entonces pasan con una pensión mínima de jubilación, pese a tener resuelta -y aprobada- una ayuda desde hace dos años. Al principio Lucas acudía cada dos o tres meses a los servicios sociales preguntando sobre la tramitación. Ahora, casi nunca lo hace. Su historia le pone cara a la realidad. Los más débiles suelen ser casi siempre los que acaban pagando. j. l. ll. valencia

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