Los recortes presupuestarios y los impagos de la Generalitat Valenciana también han dejado sin abogado otro ámbito donde la presencia del letrado es fundamental: los Puntos de Encuentro Familiar (PEF). Estos centros, que dependen de la fundación Favide, nacieron en 2005 con el objetivo de garantizar los derechos del menor. En la provincia de Valencia existen en Alzira, Gandia, Massamagrell, Manises, Mislata, Paterna, Requena y Torrent. También hay punto de encuentro familiar en Valencia, pero en ese caso depende de un convenio con el ayuntamiento y no de la fundación Favide, adscrita la Generalitat.
Así, los PEF están formados por equipos multidisciplinares: un letrado, un psicólogo y un trabajador social, generalmente. La función del abogado consiste básicamente en resolver dudas a los padres; trasladar al juez cualquier incidencia entre los padres o con el menor que esté fuera de lo normal; seguir y evaluar el régimen de visitas, y facilitar a los progenitores y otros familiares la posibilidad de llegar a acuerdos para resolver su conflicto.
En este contexto, una de las últimas decisiones del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) ha sido "restringir" el servicio de los abogados en los Puntos de Encuentro Familiar que no son objeto de convenio entre el Colegio y Ayuntamientos (en este caso, el de Valencia). La medida de presión al Consell surge después de que los presupuestos de la Generalitat no contemple pagar estos servicios. Además, el trabajo realizado por los letrados durante el mes de enero tampoco está previsto que sea cobrado.
Varios servicios suspendidos
También se han suspendido los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) de Registro Civil de Valencia, el SOJ de Inmigración, el SOJ de Dependencia, el SOJ Penitenciario y el servicio "Cárcel" en el Centro de Picassent. Además, los abogados han "restringido" la prestación del servicio del SOJ General en la Ciudad de la Justicia de Valencia -que será atendido por dos abogados de lunes a jueves-.
