Antoni Solsona tenía 8 meses cuando en la mañana del 4 de octubre de 1947 el capitán Maximiliano Lobo de la Guardia Civil se llevó detenido a su padre, Pedro Solsona, que estaba labrando sus tierras en el Mas de Monsó de Vistabella del Maestrat. Ni él, ni sus cuatro hermanos mayores volvieron a verlo más. Casi 65 años después, Antoni por fin pudo ayer contar ante un tribunal la desaparición y ejecución extrajudicial de su padre y del "tio Manolo", otro masovero vecino suyo que también fue detenido bajo la acusación de dar comida a los maquis. A los dos se les aplicó la tristemente conocida como "Ley de Fugas" cuando eran trasladados a la prisión de Castelló.

La declaración que Antoni llevaba toda la vida esperando hacer ha tenido lugar ante los 7 magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón por una presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Solsona, que comparece como miembro del Grup per la la Memòria de Castelló a petición de la defensa, ha sido la primera víctima que narra su experiencia ante el alto tribunal por hechos acaecidos años después de la Guerra Civil.

Este hijo de desaparecido es uno de los huérfanos de la brutal represión que sufrió la población civil de las comarcas del interior de Castelló durante las campañas de la Guardia Civil contra la guerrilla antifranquista entre 1945 y 1950, donde sólo en las comarcas de l'Alcalatén, l'Alt Maestrat y els Ports "se les aplicó la 'Ley de Fugas' a unos 50 masoveros que habían sido detenidos por sospechar que colaboraban con la guerrilla", destacó ayer Juan Luis Porcar, portavoz de Grup per la Memòria de Castelló, cuya denuncias por 1.335 desapariciones forzadas en esta provincia durante la Guerra Civil y el franquismo fueron unificadas en la causa abierta por Garzón.

Antoni ha señalado ante el tribunal que no tuvo constancia oficial de la muerte de su padre hasta que tuvo que hacer una escritura en 1973, mediante un atestado de la Guardia Civil decía que tuvieron que aplicarle la "Ley de Fugas" por intentar escaparse en Vilafamés cuando era trasladado a la cárcel de Castelló. Cuenta que, aunque su padre fue enterrado en algún lugar del cementerio de Vilafamés, no ha podido recuperar sus restos porque su inhumación "no consta en el Libro de Enterramientos".

El abogado de Garzón preguntó a Antoni si su padre colaboraba con el maquis. "No tenía relación alguna -ha contestado el testigo-. Tres o cuatro veces vinieron y pidieron comida, poco o mucho les tuvo que dar, pues le obligaron a ello". Añade que su padre "era un agricultor de convicciones católicas y ajeno a cuestiones políticas".

Los letrados de la acusación le interrogaron sobre si había leído el atestado en el que se dice que los agentes "se vieron obligados a disparar cuando los detenidos trataron de escaparse", a lo que Antoni replicó: "Esa es la versión oficial".