Cada día que pasa, el epicentro del escándalo de la presunta desviación de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin y del que fue su socio, Diego Torres, a través del Instituto Nóos, parece que se acerca más a Valencia. María Ángeles Mallent, exresponsable de los serivicios jurídicos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), y Luis Lobón, actual secretario autonómico de Turismo son las últimas personas imputadas en la rama valenciana del caso Urdangarin.
Con estos dos van ya seis imputados valencianos, como responsables de los organismos que canalizaron los pagos. José Manuel Aguilar y Jorge Vela fueron directores generales del complejo de ocio que aportó un canon anual de 450.000 euros más IVA por cada una de las tres ediciones del Valencia Summit, el foro que organizó Nóos, en puertas de la Copa del América, sobre la incidencia de los eventos deportivos sobre las ciudades que los acogen. Además, Cacsa desembolsó casi 700.000 euros en gastos de organización, como hoteles y viajes de los participantes, de las jornadas de 2004, 2005 y 2006.
En total fueron 4,52 millones de gasto para el Consell y la Fundación Turismo Valencia, controlada por el Ayuntamiento de la capital. La que fue responsable de contabilidad de Cacsa, Elisa Maldonado es otras de las imputadas, quien durante su declaración reveló que falsificó la fecha de un informe en el que, por orden de sus superiores, tuvo que "vestir el santo" sobre la supuesta necesidad de organizar el foro. Otros dos imputados son el empresario Miguel Zorío, quien facturó y pagó a Nóos por servicios; y la que fuera la mano derecha de Camps, Isabel Villalonga.
El diputado de EUPV en las Corts Ignacio Blanco pidió a Alberto Fabra que actúe contra los imputados o será un "irresponsable".
