El reciente fiasco de la proposición de ley de reforma de la ley estatal del Deporte —impulsada desde las Corts y que no cosechó ni un solo voto a favor, ni siquiera el de los diputados del PP en el Congreso— puso en primer plano otro debate pendiente en las Cortes Generales, el de la reforma del Estatuto de Autonomía para incluir el blindaje de las inversiones del Estado en la C. Valenciana. Una modificación adornada de tintes electoralistas que se aprobó en las Corts en la precampaña de 2011 pero que los populares han ido retrasando en el tiempo.
Sin embargo, todavía hay un caso más flagrante. En octubre de 2007, al inicio de la anterior legislatura, el Consell de Francisco Camps impulsó la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). La iniciativa, aprobada en febrero de 2008, en la precampaña de las generales, pretendía garantizar un reparto con criterios de «solidaridad y equidad» de las inversiones del Estado entre las autonomías. Fue un pretexto para acusar a Zapatero de primar a Cataluña y discriminar a la C. Valenciana. Entró en el Congreso el 15 de abril de 2008 y fue calificada el 17. Y allí sigue, más de cuatro años después.
Posible cambio de designación
El 8 de junio de 2010 llegó a figurar en el orden del día del pleno del Congreso pero se retiró porque las Corts no habían nombrado al diputado que debía defenderla en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. En realidad, lo que no había es permiso de Génova. Para subsanar la pifia, el 29 de junio de 2010 las Corts designaron al portavoz del PP, Rafael Blasco, para que defienda ante el Congreso la toma en consideración de la iniciativa.
Una designación que ahora mismo, con Blasco en puertas de su posible imputación en el TSJ por el presunto fraude en las ayudas al Tercer Mundo, otorga tintes esperpénticos al final de una reivindicación que fue bandera de Camps en 2007 y que podría modificarse.
