El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, puso el dedo en la llaga al aseverar el jueves, el mismo día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que de las 600 empresas y entes públicos que las autonomías se comprometieron a liquidar, sólo se han eliminado dos. La Generalitat, que lleva desde 2010 anunciando un drástico adelgazamiento del sector público, presenta un magro balance —los organismos suprimidos desde entonces suman en realidad un escuálido presupuesto— y, aunque ha avanzado los trabajos para la reestructuración del sector público, han pasado los meses y los deberes están todos por hacer de aquí a final de año. Cinco meses y medio en los que el Consell debe ejecutar la supresión de 43 empresas, organismos y fundaciones, de forma que a partir de 2013 queden 18 y 5 entidades con participación minoritaria, además de RTVV y la Agencia de Turismo.

El Plan de Austeridad de 2010, aprobado en mayo, prometió la reducción de 38 a 29 de las fundaciones públicas, al tiempo que se acordó la extinción de seis sociedades mercantiles. Pero el peso presupuestario de todas ellas, salvo la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, era mínimo. El Plan de Reestructuración 2011 del Sector Público estableció en diciembre la liquidación de otras nueve fundaciones y de la mercantil Inaceps. Se trata de la Fundación Valenciana de la Calidad, la de la Calidad de la Educación, la medioambiental BUSEO, Prevención de Riesgos Laborales, Fomento del Cooperativismo, Agua y Progreso, Costa Azahar Festivales, Pro Esport y la de Investigación en el Hospital Peset de Valencia. Todas ellas están en proceso de liquidación (salvo la del Doctor Peset, que se integrará en otra) aunque todavía no están formalmente extinguidas. Desde la Conselleria de Economía, que pilota el proceso bajo la dirección de Máximo Buch, se alega que la extinción es un formalismo que exige sus trámites pero que lo relevante es que la mayoría de esos entes «ya no generan gasto», como el Inaceps o las dos fundaciones sobre Calidad, que «no tienen ni sede ni personal».

El Ejecutivo popular dejó transcurrir 2011 —año electoral y condicionado por Gürtel y el cambio en la presidencia tras la dimisión de Camps—, cuando ya se sufrían los efectos del desplome de la economía, sin apenas mover ficha. Los proyectos de reducción del sector público se trasladaban a los meses siguientes, pero el calendario se fue ampliando. El balance, después de dos rimbombantes planes, en una autonomía intervenida de hecho por el Ministerio de Hacienda —sobre todo cuando se acoja al nuevo fondo de rescate para evitar la temida fallida en los vencimientos de deuda con los bancos—, resulta irrisorio. A finales de mayo, el Consell presentó el mapa del nuevo sector público y fundacional de la Generalitat, que debe suponer la reducción de 66 entes a 23. Hasta la fecha no se ha eliminado ninguno aunque Economía subraya que, tal como se anunció en su día, la ejecución del proceso debe acometerse en el segundo semestre del año y hasta el 31 de diciembre.

Proyectos Temáticos y el IVF

De los 43 entes a suprimir, 35 (como la Sociedad Proyectos Temáticos, el Instituto de Finanzas o la Fundación Servicio Valenciano de Empleo) se integrarán o sus funciones serán asumidas por las conselleries respectivas o por las nuevas seis macroentidades de derecho público. Perderán el «NIF» y los puestos duplicados con las conselleries se eliminarán. Las restantes ocho —como la Fundación Oftalmológica, Tissat o el Patronato del Misteri d’Elx— quedarán excluidas del sector público, aunque el Consell conservará una participación minoritaria. En total, se prevé la reducción de 30 equipos directivos. Otras firmas, como Aerocas, Cacsa y la Ciudad de la Luz, se exponen a la privatización de la gestión o la venta.

Se han dado pasos, como la ejecución del ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda, que afecta a 252 de los 328 empleados. También se ha anunciado el ERE en Ciegsa —la empresa para construir centros docentes—, que recaerá sobre el 70% de la plantilla. Y se han encargado los planes de saneamiento de 9 empresas públicas o el del ERE en RTVV, algunos de ellos ya concluidos. Poco más. ¿Se cumplirán los plazos? En el Ejecutivo se confía en cerrar antes de 2013 un proceso que supondrá 5.000 despidos, 1.200 de ellos en RTVV.

Entre tanto, es normal que en el ministerio estén nerviosos. La jibarización del sector público es clave para que los números le cuadren al Consell. Una Generalitat que está entre las ocho amonestadas por el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. Y es que la ejecución, a 31 de marzo, reveló que, sin incluir el adelanto que hizo el Estado de unos fondos que en 2011 se transfirieron en julio, la valenciana es la segunda comunidad de régimen común con más déficit, el 0,70%. A ese ritmo cerraría 2012 con el 2,8%, casi el doble del 1,5% exigido. Las otras siete son Murcia, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Cantabria. Para colmo, el fondo de rescate no son los ansiados hispanobonos y sólo cubrirá los vencimientos de deuda, con lo que no servirá para saldar transferencias pendientes con farmacéuticos, ayuntamientos y convenios. Un parche que arroja más incertidumbre en medio del megarrecorte de Rajoy.

Los pasos de la intervención de la C. Valenciana activada por Montoro

La ley de estabilidad presupuestaria regula el proceso de intervención de la comunidad que incumpla el objetivo del déficit, con medidas preventivas, correctivas y coercitivas. A grandes rasgos, tiene seis etapas.

Advertencia motivada

La «tarjeta amarilla» de Hacienda al prever el incumplimiento

Advertencia motivada del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, en el caso de que se aprecie riesgo de incumplimiento del déficit. Es lo que se trasladó el jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación a ocho autonomías, entre ellas la valenciana. A partir de ahora, las comunidades amonestadas tienen un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al ministerio. Hacienda ha dado siete días a las afectadas para mantener reuniones bilaterales con el fin de despejar las dudas sobre sus cuentas. Esos encuentros tendrán lugar la próxima semana.

Medidas coercitivas

Las subvenciones y convenios, en el aire

En el caso de que la comunidad no adopte las medidas o el ministro las vea insuficientes, y también en el supuesto de advertencia motivada, las operaciones de endeudamiento, la recepción de subvenciones o la suscripción de convenios estarán sujetos a autorización previa del ministerio. Si se incumple el plan de reequilibrio, la comunidad será obligada a adoptar un acuerdo de no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del déficit.

Depósito con intereses

Ingreso en el Banco de España equivalente al 0,2 % del PIB

La comunidad incumplidora deberá constituir un depósito por el 0,2 % del PIB regional. Podrá cancelarlo si aplica las medidas correctoras.

Multa

Tres meses para cumplir las medidas de ajuste

Si en tres meses no se aplican las medidas correctoras, el depósito podría convertirse en una multa coercitiva.

La intervención

Hacienda envía una comisión de expertos para tomar medidas

Si en seis meses desde la constitución del depósito, no se adoptan las medidas correctoras, Hacienda enviará una delegación de expertos. Éstos accederán a toda la información y presentarán en una semana una propuesta de ajuste. El horizonte de la intervención se situaría en otoño. Durante la intervención, la autonomía no podría autorizar créditos ni acceder a los mecanismos de financiación.

Cumplimiento forzoso

Requerimiento al presidente y medidas desde el Senado

Si se persiste en el incumplimiento, se requerirá al presidente autonómico y el Senado tomará medidas para obligarle.