03 de agosto de 2012
03.08.2012

La Generalitat también pide al TSJ que investigue a Blasco por seis delitos

La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en el caso de las ONG, "cree conveniente" que se interrogue al portavoz del PP

04.08.2012 | 15:27

La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular en el caso de las ONG, también aprecia posibles delitos en la gestión del diputado y portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, cuando fue conseller de Solidaridad y lo vincula con la trama corrupta, según un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia al que ha tenido acceso este periódico. Al ser Blasco aforado, los letrados públicos solicitan al TSJ que lo investigue y que lo cite a declarar "con las máximas garantías que el ordenamiento le confiere para la mejor defensa de sus derechos e intereses en el procedimiento". De esta manera, la Generalitat se suma a las peticiones de la juez y del Fiscal Anticorrupción.

En un escrito de diez páginas, los abogados de la Generalitat repasan las acusaciones de la juez y de la Fiscalía que aprecian que Blasco podría haber cometido media docena de delitos junto a los cabecillas de la trama de ONG y en connivencia con el empresario en prisión provisional Augusto César Tauroni. "Existen indicios en relación a las irregularidades puestas de manifiesto que justifican que se eleve la exposición razonada al TSJ", explican.

Por ello, afirman los letrados, "la elevación de la exposición motivada tiene como finalidad que prosiga la investigación por el órgano judicial competente, dada la condición de Rafael Blasco como diputado en las Corts. Ello es así a los efectos de realizar las diligencias de investigación oportunas en orden de esclarecer si se han cometido los delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental". Es mas, "con la finalidad de no dividir la contienda, dicha competencia del TSJ deberá hacerse extensiva al resto de imputados", proponen los abogados.

La Abogacía de la Generalitat, que depende de la Conselleria de Presidencia, ejerce la acusación particular porque la administración autonómica es la máxima perjudicada por el fraude. Ahora deberá participar en el proceso de investigación sobre la gestión de Blasco en Solidaridad, aunque esta institución fue utilizada por el propio portavoz del PP para acallar sin éxito a Levante-EMV con numerosas rectificaciones y demandas cuando destapó el escándalo hace dos años.

300 euros de fianza para personarse en el caso
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha solicitado al padre del niño haitiano que se ha querellado contra los imputados en el caso de las ONG una fianza de 300 euros para poder hacerlo, según una providencia a la que ha tenido acceso este periódico. La magistrada solicita este dinero antes de admitir a trámite la denuncia porque Antonio Miguel Penadés no ostenta la condición de perjudicado. Penadés se querelló contra todos los ahora investigados porque, según explica en su denuncia, el fraude en las subvenciones ha ocasionado "numerosas muertes en Haití". Este escritor es el único valenciano que tiene un niño haitiano en adopción y asegura que puede formar parte en el proceso. En caso de que se admita a trámite su denuncia, al igual que si se aceptaran acusaciones populares, las fianzas serían más elevadas. Un ejemplo es el caso Emarsa, por el que el PSPV tuvo que depositar una fianza de 5.000 euros para poder ser parte.

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